Florentino y Vizcarra. La campaña va.

>>La ubicuidad de Florentino Castro: titular de SEPyC y campañista de Vizcarra

El hecho de estar al mismo tiempo a cargo de las políticas educativas y frente a la campaña anticipada de Jesús Vizcarra Calderón, le ha valido a Florentino Castro presentar resultados mediocres en ambos frentes. La enseñanza pública muestra significativos retrocesos en materia de calidad y el futurismo del empresario de la carne pasa por una peligrosa racha de inviabilidad. Aparte, la conducta del secretario que viola la ley.

Sus colaboradores cercanos lo definen muy bien: Florentino Castro López es como un techo de dos aguas porque chorrea para dos lados al mismo tiempo. Lo malo, agregan, es que para ninguno de los dos hace charco.

Se refieren al secretario de Educación Pública y Cultura del gobierno de Jesús Aguilar Padilla, que es célebre por establecer su propio calendario escolar y ahora cobra notoriedad por coordinar en los sótanos del poder la aspiración de Jesús Vizcarra Calderón a la titularidad del Ejecutivo estatal.

De medio tiempo a cargo de las políticas educativas del Gobierno de Sinaloa y otra mitad de su esfuerzo destinada a coordinar la campaña anticipada de Vizcarra, se ha colocado Florentino Castro en la mira de los partidos políticos que ven una violación grave a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

“Es un acto de corrupción que una persona sirviendo en una institución pública se desvíe en tiempo o en recursos a tareas políticas que no debe realizar sin antes renunciar a la responsabilidad que ocupa”, considera Domingo Félix Torres, ex secretario general del Partido Acción Nacional.

Llamado el supersecretario de Aguilar Padilla, al titular de la SEPyC se le atribuye la operación política redoblada en los días recientes para sacar adelante la candidatura de Vizcarra, en contra aún de los señalamientos que vinculan al alcalde de Culiacán con personajes del narcotráfico.

Al menos dos o tres veces por semana, revela una fuente de la dependencia educativa, Castro López se reúne con Jesús Vizcarra, pero en los últimos días esos encuentros se dan a diario para analizar y trazar medidas sobre los escenarios de crisis en que está el empresario de la carne.

El desdén mostrado hacia su cargo en la SEPyC ya genera inconformidades en líderes de las dos secciones locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que sienten que “Florentino ha delegado casi toda la responsabilidad en sus colaboradores y muchos asuntos que requieren de decisiones ejecutivas se han trabado porque él está concentrado en otras cosas”.

Todos lo ven, muchos lo saben, pero no la Contraloría del Gobierno de Sinaloa.

Servir a dos amos

Cuando a principios de julio de 2007 Florentino Castro protestó como secretario de Educación y Cultura, en sustitución de Javier Luna Beltrán, ofreció que fomentaría valores cívicos y éticos y se comprometió a defender y dignificar la función de la SEPyC.

Solo que en cuestión de meses olvidó esas “ardientes convicciones” al convertirse en el principal operador político de Jesús Vizcarra Calderón, con la autorización del gobernador Aguilar Padilla.

La muestra más fehaciente de ello es la asesoría de tiempo completo que el secretario de Educación le presta al alcalde de Culiacán desde que el 8 de diciembre de 2009 el periódico Reforma publicó en su portada una foto en la que aparece Jesús Vizcarra presuntamente junto a narcotraficantes.

Las reuniones de planeación política se volvieron frecuentes, casi diarias, mientras que las llamadas al teléfono de Castro López son a todas horas pidiéndole orientaciones para mantener alta la imagen pública del aspirante a la gubernatura.

Como ejemplo del activismo provizcarrista que realiza el secretario de Educación, se señala la redacción y publicación del desplegado que el 22 de enero intenta deslinar al alcalde culiacanense de vínculos con el crimen organizado.

El documento en que Vizcarra declara “de manera contundente que no existe hoy y jamás ha existido en mis empresas relación financiera, ni de cualquier otro tipo, con ninguna persona fuera de la ley” fue definido, supervisado y autorizado por Florentino Castro, indica la información a la que tuvo acceso este semanario.

Castro López habría valorado que era el momento oportuno para dar a conocer la postura de Vizcarra, en medio de las acusaciones públicas que cruzaron el diputado federal panista Manuel Clouthier, el gobernador Jesús Aguilar, el diputado de Nueva Alianza, Crescenciano Espericueta y el Comité Directivo Estatal del PAN.

Además, el funcionario estatal definió otras directrices como reproducir la carta que Vizcarra dirige a la opinión pública y distribuirla masivamente en colonias populares y comunidades rurales de Culiacán y otros municipios.

Castro López también tiene a su cargo la tarea de ser el enlace entre Vizcarra Calderón y Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del PRI. Y como el tiempo le sobra, de igual manera está al frente de las acciones que el dueño del Grupo Viz realiza ante la Procuraduría General de la República para ser exonerado de ligas con el narco.

Se le atribuye igualmente la integración de un equipo de campaña que trabajará formalmente una vez que Vizcarra cubra el procedimiento priista para buscar la gubernatura por ese partido.

Florentino en la mira

Lo que percibe Ramón Lucas Lizárraga, dirigente estatal del PRD, es la existencia de una operación de Estado tendiente a apuntalar la candidatura de Vizcarra, que lo mismo involucra al secretario de Educación coordinando la campaña, que al jefe de asesores del gobernador, Rubén Rocha Moya, definiendo la plataforma política.

“Hay varios funcionarios del Gobierno del Estado, así como de los ayuntamientos, que desde hace alrededor de seis meses están metidos en sacar adelante la candidatura de Vizcarra, y lo hacen con el consentimiento y apoyo del gobernador Jesús Aguilar y del dirigente del PRI, Cenovio Ruiz”, señala.

Dentro de ese mismo esquema, “muy al estilo del viejo priismo de los ochentas”, inscribe el supuesto informe que rindió Mario López Valdez, el otro aspirante del PRI a la gubernatura, que en realidad hizo un acto de campaña.

Lucas Lizárraga deplora que ni la Contraloría ni el Consejo Estatal Electoral vea a un presidente municipal de Culiacán que se pasea por todo el estado buscando votos, ni a los servidores públicos que trabajan para él. “Se dejan de atender funciones sustantivas del Estado y se altera el principio de equidad imprescindible para la democracia, y nadie se da por enterado”.

Recuerda que el PRD ha hecho denuncias públicas y está en proceso de observación y recopilación de pruebas de tales conductas ilícitas debido a que los partidos son afectados también. Sin embargo, es escéptico en cuanto a la aplicación de sanciones porque “en el Consejo Estatal Electoral son complacientes y omisos de cara a tales actos y se la pasan cuidándose de que el Ejecutivo no los mire de otra manera”.

Para el panista Domingo Félix el proceder de funcionarios públicos, del ámbito que sea, que utilizan tiempo y recursos para tareas políticas, es producto de la deficiente transparencia y apego a la legalidad que existe en las dependencias gubernamentales.

“Esto se da porque no hay voluntad para respetar o hacer respetar la normatividad, falta el apego a la rendición de cuentas, nadie hace un mayor esfuerzo en ese sentido y la ciudadanía le entra al juego al no exigirle cuentas a los servidores públicos”, opina.

Aunque aclara no tener pruebas de la participación del secretario de Educación en la campaña de Vizcarra, pues el caso lo conoce a través de lo que publican los medios, sostiene que cualquier persona que prestando un servicio público se involucra en tareas partidistas en el tiempo que debiera destinar a cumplir su responsabilidad, incurre en un acto de corrupción.

Cuestiona la tremenda incongruencia que se da en aquellos que por un lado prometen aplicar la ley y generarse confianza para sí mismos y para la administración pública, pero al mismo tiempo toleran actos de deshonestidad que confunden y desaniman a la ciudadanía que, al final de cuentas decide no votar y repite el círculo tramposo de beneficiar así a los partidos en el poder.

La ley… ¿para violarla?

Para efectos de funcionarios estatales que se apartan de la responsabilidad que tienen a su cargo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa es clara al respecto:

ARTÍCULO 1o. Son sujetos de esta ley los servidores públicos del Estado y de los municipios, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión.

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los organismos e instituciones de la administración pública paraestatal, cualesquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura o denominación de estos y quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los ayuntamientos u organismos e instituciones municipales.

ARTÍCULO 46. Los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

ARTÍCULO 47. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones:

Cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

Utilizar los recursos que tengan asignados, las facultades que les sean atribuidas y la información reservada a que tengan acceso, exclusivamente para el desempeño de su empleo, cargo o comisión;

IX. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión, oficial o particular, que la ley les prohíba;

XIX. Abstenerse de todo acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.