Nery Córdova

A unas cuantas calles de la Torre Académica de Ciudad Universitaria en Culiacán, mientras estudiosos y analistas del país y el extranjero reflexionan sobre las acciones de los gobiernos mexicano y estadounidense respecto del narcotráfico y la violencia, como siniestras amapolas en el pastel académico, estallan las armas de alto poder en un feroz y encarnizado duelo entre grupos de la región.

Frente a las presiones federales, los clanes y grupos extendidos del “narco”, desperdigados y sueltos, en reacciones que oscilan entre el caos y los retos, haciendo sonar las armas hasta que parecieran urgidos, desesperados y encaprichados en reiterar su notoriedad en la vida sinaloense; y aunque se trata de viejos ecos, reflejos y respuestas duras, en función de que se sienten y se miran amenazados en sus territorios y negocios por otros bandos, oficiales e ilegales, por tirios y troyanos, el comportamiento delictivo de las bandas de truhanes, resulta francamente ilógico. Aunque las ciudades, poblados, carreteras, caminos, barrios y calles populares muestran abanicos de pertrechos y ostentosos comandos con uno de los paradójicos colores de la muerte, el verde olivo, la presencia militar también da la impresión, simplemente, de amenizar y colaborar en la increíble, maquiavélica y torva fiesta en torno a la cultura de la violencia sinaloense.

Día a día, noche a noche, los periódicos y los medios electrónicos se dan un festín mercantil, y cuya noticia subyacente y perenne se cría y se viste con el morbo de la sangre y la muerte; ésta que, desde hace varias décadas tiene permiso y que, con el transitar de las reiteraciones, ha adquirido hasta carta de naturalidad. Niños, ancianos, hombres y mujeres, gendarmes y sicarios de baja monta sacrificados aparecen regados por todos lados. Encobijados, descabezados, mutilados, despellejados, torturados, agujereados, incinerados y con tiros de gracia, los cadáveres son mensajes crudos y simbólicos: la hiedra de una sociedad envenenada y herida hasta el tuétano con los retruécanos de la narcocultura, rostro, sustancia y caudal y vómito de la bonanza y la riqueza ilegítima; formas y fondos que se siguen reproduciendo como efectos sociales, económicos y culturales de la ausencia de una política real de desarrollo socioeconómico, y de la omisión, la ineficiencia y las complicidades históricas, pública, privada, nacional e internacional; se trata de una conflictiva a la que, se pregona, al final habrá de regularse y controlarse, a partir del ejercicio decidido del poder y la aplicación de la ley. Es la faz o el disfraz por antonomasia del poder de la ley de la selva. El discurso hipócrita, moralista e ideológico es la fachada que, entre la incapacidad política y los intereses en juego de los señores invisibles de la guerra, en realidad es expresión de demagogia pura. El fenómeno del narco es efecto, impacto, resultado. A la postre, ya se sabe, quien siembra vientos cosecha tempestades.

Al otro lado de la refriega, quienes resienten esta entreverada situación de impunidades, han sido los sectores mayoritarios y los segmentos más desvalidos de la sociedad, a quienes el mundo se les viene encima por vía de las acciones violentas de los órganos institucionales. Y éstos no tienen más remedio que desempeñar y jugar el rol de la obediencia y entre la disciplina y las funciones agresivas y represivas, inherentes a las propias normas de los hábitos castrenses, y que les han sido reiteradas por los poderes oficiales y fácticos que dirigen los derroteros del país, los militares no se andan con cuentos. Pero mirar al Ejército en el humillante papel de policía de oficio, persecutor de criminales y cuatreros, es un contrasentido bárbaro y cuyos impactos pueden representar e incidir, bajo la inercia de los fácticos estados de sitio, toques de queda y excepción que se desencadenan contra los derechos y las libertades públicas. Y eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Y más: en situaciones extremas, los monstruos bélicos, extendidos los tentáculos de sus propias fuerzas, han llegado a tragarse, violenta y trágicamente, a los mismos sistemas y regímenes políticos que los han creado o impulsado.

Manuel Lazcano, ex procurador que vivió el surgimiento y desarrollo de la industria de las drogas, advertía: “Lo militar es el extremo y último reducto institucional de los países. Cuando la corrupción consustancial del narcotráfico infiltre y contamine a sus batallones, comandos y mandos; ¿a quién va a acudir la sociedad para su defensa y sobrevivencia?”. Y se respondía: “Después del Ejército, sálvese quien pueda, ya no queda nada”. Una sencilla ama de casa, amable nativa de los rumbos de Eldorado, a unos cuantos minutos de Culiacán, expresa su percepción o su coraje: “En esta fea guerra, maestro, hay que no ir contra los más humildes y contra nosotros, sino que los del Gobierno deberían matarse entre ellos” (sic). La representación en la percepción popular tiene dejos de memoria histórica: en el fondo se identifica gobierno con policías, militares y traficantes. Un profesor universitario, refiriéndose al clima beligerante que se siente en Mazatlán, dice, filoso el sarcasmo: “Es que, uff, ya llegaron al puerto los culichis”. Equivocados o no, lo cierto es que, pese a las arengas y los gritos de la doctrina altisonante del Gobierno federal y de sus adláteres en los medios de comunicación, la violencia y el crimen se pasean como en sus mejores tiempos, con los síntomas de la depredación social, como en los rudos años de la Operación Cóndor: la paradoja militar en la que los clanes y estamentos de narcotraficantes se afianzarían y diversificarían, poderosos y ufanos, a lo largo y ancho del país.

Por lo pronto, en la llamada “entidad de los once ríos”, las armas prosiguen sus alegorías. El domingo 13 de julio, luego de un sábado de asalto en el que fallece un policía preventivo y que deviene en terror y secuestro de rehenes dentro de una presuntuosa, tranquila y recreativa plaza comercial del puerto mazatleco y en donde sería hallada hasta una granada, los medios impresos, ante el escándalo, agotaron desde muy temprano sus tirajes. En la madrugada de ese día, en Guamúchil, luego de ir a una fiesta de 15 años, ocho hombres y mujeres, entre ellos tres menores de edad, fueron masacrados con armas AR-15 y AK-47 que vomitaron más de 300 balazos en la calle principal de la ciudad; cinco heridos más quedaron en estado crítico. Unos días antes, hasta las instalaciones universitarias en Culiacán, un joven es perseguido y ejecutado. El miércoles 9, en plena sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector anuncia que, ante una amenaza de bomba –no pasa de rumor, por fortuna– permite el ingreso del Ejercito a CU en busca del explosivo; los universitarios asumimos el incidente sin azoro, sin sorpresa o como si fuese cualquier cosa, secuela acaso de la internalización y asimilación de la desviación social que, entre altas y bajas, se padece en los diversos ámbitos, urbanos y rurales. Algunos sitios, que de cierta forma han estado un tanto lejanos de las ruidosas trincheras, se vuelven parte de los escenarios multicolores de un fenómeno que, lo saben en particular los señores de la guerra de las burocracias del Estado, los cuerpos de élite del Ejército y los expertos de la PGR, es como la humedad: se filtra, carcome y atenta contra los propios altares y enclaves simbólicos de la sociedad que dicen proteger y defender.

Apenas dos días después, mientras esperan su auto en reparación en el interior de un sitio con fachada de taller mecánico, caen bajo una lluvia de plomo dos profesores de la UAS. En tanto, se verifican otros dos espectaculares atentados casi simultáneos en la capital; entre las víctimas, once muertos y varios heridos, hay obreros, policías y militares. Ante el color de los ajustes de cuentas y vendettas, que mandan a la tumba a inocentes y lastiman a la sociedad, con la colaboración de la iracunda y no menos torpe política del Estado, en el marco de un hábitat convertido en caldo de cultivo y zona de guerra, el gobernador Jesús Aguilar cancela un viaje a una feria mundial sobre el agua, en Zaragoza, España; con ponencia de lujo, expondría que, dicho así rigurosa, respetuosa y estrictamente, Sinaloa era, por si no lo sabíamos, también una “fábrica de agua”. Y no sólo fábrica de las cosas estas de las drogas, la muerte y la cultura de la violencia. Y el lunes anterior en otro estruendo de ráfagas cruzadas de miles de tiros, granadas y bombas molotov en la otrora “Chicago sinaloense”, se habla hasta de autos bomba. Y la muerte prosigue: desde Navolato a Angostura, del malecón de Mazatlán a caminos sin nombre, el campo, la sierra. Los universitarios, ya con el fuego en su propia casa, organizan un acto de protesta; la centenaria Casa Rosalina, como mínimo homenaje, luto y respeto a la población y la sociedad herida y ultrajada, debería exigirse a sí misma una posición trascendente, que vaya más allá de las apariencias ideológicas corrientes, sobre la magnitud sociocultural y política del fenómeno. Por lo pronto, bajo la metralla incesante, mediática y mortal, de nuevo las llamas y la sangre están llegando a los aparejos: el encendido horno sinaloense de la desviación social, en altísimos grados, desde hace mucho tiempo que no está para bollos.