José A. Ríos Rojo

Dice Tilly: “La gente que controlaba los estados europeos y los que entonces se estaban formando, guerrearon con el fin de inspeccionar y superar a sus competidores y así disfrutar de las ventajas del poder dentro de un territorio seguro y en expansión”.

Tilly hace una analogía entre la formación de los estados y el crimen organizado: “Si consideramos la definición de estafador como alguien que crea una amenaza y luego cobra por reducirla”, entonces “la provisión de protección de los gobiernos califica como una estafa. En la medida en que las amenazas por las que protege un gobierno a sus ciudadanos son imaginarias o consecuencia de sus propias actividades (como la guerra), el gobierno ha organizado una estafa de protección. Puesto que los gobiernos comúnmente simulan, estimulan e incluso fabrican amenazas […] muchos gobiernos operan en la misma forma que los estafadores”.

Así se fueron formando los estados, institución dinámica que evolucionó a una organización política más sofisticada donde, en la medida en que las poblaciones se rehusaron a que les extrajeran tributos a cambio de la protección, los poderosos otorgaron más participación y derechos al resto de la población. Esta concesión, aunada a los beneficios económicos de seguridad y certidumbre que el Estado proveyó, eventualmente provocó que los gobiernos adquirieran “legitimidad” por parte de los gobernados.

Así se llegó a la situación actual donde los estados, según Tilly, tienen cuatro funciones principales:

1) Hacer la guerra para eliminar o neutralizar a otros Estados.

2) Formar el Estado para eliminar o neutralizar a posibles rivales dentro de sus territorios.

3) Proteger a los pobladores para eliminar o neutralizar a enemigos de éstos.

4) Extraer tributos para tener los medios para llevar a cabo las tres primeras tareas.

Sin embargo, donde el Estado mexicano francamente está fallando es en la tercera y cuarta tarea, la de proteger a su población para neutralizar o eliminar a sus enemigos y la de extraer tributos para tener los medios para cumplir con las tres primeras. Sinaloa es el ejemplo más palpable de fracaso. Se vive un clima de inseguridad, miedo, zozobra, angustia y de psicosis, superior al que se vivió con la Operación Cóndor en la década de los setentas del siglo pasado. Se ha tardado mucho el gobernador del estado, Lic. Jesús Aguilar Padilla, en hacer los cambios que su administración necesita en el área de seguridad. ¿Cuántos muertos más serán necesarios para que se hagan dichos cambios? La sociedad sinaloense necesita tener una señal de esperanza y no se le debe decir que estaremos en esta situación de violencia durante varios años más.

Si el Estado no está presente, entonces siempre aparece un “Don Corleone” que otorga seguridad a cambio de una comisión. En este sentido, el Estado y las mafias se disputan el rentable negocio de la protección.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hay en nuestro país 48 municipios controlados por la mafia, donde cobran derecho de piso a los comerciantes, nombran autoridades municipales, como en el Chicago de Alfonso Capone.

No tan sólo los criminales organizados tienen más recursos y capacidad de acción, sino que han logrado asociarse con algunos cuadros estatales para, a su vez, recibir protección. En muchos casos, el Estado y las mafias no son competidores, sino socios que, como dice Tilly, “simulan, estimulan e incluso fabrican amenazas”.

Así, hoy la gran pregunta es: ¿quiénes son los que verdaderamente nos “protegen”? ¿No será que las mafias del narcotráfico, del secuestro, del robo de automóviles, en fin, de todo lo que caracteriza al mundo de la ilegalidad en México y Sinaloa, ya le han ganado el negocio al Estado o, peor aún, se hayan asociado con éste y sean, en conjunto, los que hoy “gobiernan”?

Yo todavía me resisto a creerlo, aunque cada día lo dudo más.