Cayetano Osuna. MAZATLÁN, 21 de julio.-

Los policías estatales, que prefirieron silenciar sus nombres, aseguran que desde hace menos de un mes, tanto en la zona norte como en las zonas centro y sur del estado, son asediados por gente de un grupo armado con la oferta del sueldo de 2 mil pesos, diarios, para que se integren a su bando.

La gente que opera de reclutadores, les preguntan por su historial en la carrera de las armas, concretamente si tienen formación en las fuerzas castrenses.“Te dicen que si tienes cursos realizados en el Ejército o en la Marina, vas a ganar mucho más, o sea, el sueldo según tus capacidades militares”.

Algunos, aseguran, no hayan si comerse el bíblico plato de lentejas o seguirse muriendo de hambre con el raquítico sueldo que ganan como policías.
Uno de los métodos que utiliza la gente del grupo armado para reclutarlos, agregan, consta de los siguientes pasos:
“Estas gentes se nos acercan así (de modo que no les veamos la cara): no voltees wey, no voltees, porque si volteas te carga tu madre”.
Ante la orden terminante, el potencial recluta se mantiene rígido y en tenso silencio que se rompe con el ofrecimiento del presunto reclutador.
“Así está el pedo: te ofrecemos esto (2 mil pesos diarios, para que te cambies al bando de nosotros)”, le explica brevemente el supuesto reclutador.
Luego viene la pregunta, “¿te jalas o no?”, que exige del aludido un lacónico sí o no, que sin más trámites, lo pone en el dilema.
Si la respuesta del policía es “no, pues no jefe”, el presunto reclutador se aleja a toda prisa pronunciado imperativamente “sale pues, pero no voltees”.
Sostienen que el otro método empleado es que por ejecutar a un policía municipal les ofrecen 25 mil pesos, por un policía estatal 50 mil pesos, y por un policía federal 100 mil pesos, y puede aumentar el precio, dependiendo de la jerarquía que ocupe el funcionario policiaco que será el blanco móvil.

Auxilio

En ese escenario, motivados por el movimiento de protesta de la Policía Ministerial del Estado, quienes ya presentaron su pliego petitorio al Gobierno del Estado, los elementos de la PEP se solidarizan con sus homólogos y quieren los mismos beneficios que están exigiendo sus colegas.
Pero no sólo eso, sino que están elaborando una carta para el gobernador Jesús Aguilar Padilla, con copia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los medios de comunicación electrónicos y escritos.
“Señor gobernador, auxilio, claman, nos morimos de hambre, ya tenemos cinco años sin aumento de sueldo, somos policías estatales preventivos de la Dirección de Servicios de Protección, a quienes a usted se le olvidó incluir en el aumento de sueldo que anunció el 13 de febrero del presente año. Somos los únicos policías, afirman, que seguimos percibiendo 5 mil 400 pesos (netos), mensuales.
Quisiéramos preguntarle, enfatizan, por qué no percibimos el bono de 3 mil 800 pesos, que otorga el Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal.
¿En manos de quién está quedando nuestro dinero que nos ganamos arriesgando la vida día a día?, cuestionan.
Acuérdese, continúan, de que en nosotros recae la seguridad de su familia y de muchas empresas de primer nivel.
No se nos ha dotado de uniformes, reprochan, ni chalecos antibalas, el armamento es obsoleto, el aguinaldo año con año sigue de mal en peor.
Tampoco, insisten, nos pagan las vacaciones laboradas, exigimos a la secretaria de Seguridad Pública, Josefina de Jesús García Ruiz, que haga su trabajo y que nos resuelva, porque estamos a punto de explotar y dejar los remiendos de uniformes.
Y que en las coordinaciones, exigen, asignen personas con experiencia ya que al personal con más antigüedad no se nos toma en cuenta, cuando hay servicios con una buena categoría.
A veces salen servicios nuevos, explican, y son categorías nuevas, y se olvidan de los que tenemos más de cinco o doce años, pero a la gente que va entrando, el coordinador la acomoda en un servicio bueno y se rumora que le dan dinero.
¿Será que hay que soltar unos miles para que podamos obtener un beneficio?, preguntan.
Nosotros no tenemos dinero, sostienen, para estar bien con el mando; ponga atención con esto licenciada secretaria de Seguridad Pública del Estado.
Posdata: no nos queremos cambiar de bando”.
Los policías estatales inconformes tienen muy presente que el martes 15 de julio, en la capital del estado, murió acribillado el comandante Salomón Díaz Pérez, pero eso no los paraliza porque es un riesgo que corren como policías.
“Sí, acaban de matar a un comandante de la PEP, pero era del área operativa”, dicen.

— ¿Porque pertenecía a otra área no tenían contacto con él ni sabían si ya se había “cambiado de bando”? — se les pregunta —.

— No, no sabíamos, pero por lo regular… pues para qué nos hacemos guajes, verdad. El sueldo de nosotros no da para una camioneta del año.

— ¿Y el comandante tenía camioneta del año?

— Sí, una camioneta Lobo 2008. Y nosotros en bicicleta, caminando o en camión urbano. A veces pidiendo prestado, causando lástima. Y por eso le decimos, la verdad ya no sabemos ni para dónde hacernos.

Protesta desarmada

Javier Valdez

El desamparo total. Y al doble: los elementos de la Policía Ministerial, peritos y agentes del Ministerio Público están entre dos frentes, ambos amenazantes y desoladores: la violencia generada por el narcotráfico y los bajos salarios y nulas prestaciones que les ofrece la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.
Por eso iniciaron manifestaciones. Depusieron las armas, como guerrilleros claudicantes. Lo hicieron con todo y radios Matra, de intercomunicación. Empezaron la noche del martes en las instalaciones centrales de la PME, por el bulevar Zapata. Y continuaron al siguiente día, y al siguiente y al siguiente.
Los inconformes, alrededor de 150 en Culiacán –aunque también en las comandancias de Elota, San Ignacio, Escuinapa, Mazatlán, Guasave y Ahome se han manifestado– exigieron incremento salarial, el mismo que se les ha negado en cerca de nueve años, pero también la destitución del procurador Luis Cárdenas Fonseca.
Durante la mañana, unos 150 policías ministeriales, apoyados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y agentes del Ministerio Público, reiniciaron los actos de protesta y encararon a Luis Cárdenas Fonseca, titular de la PGJE, a quien le reclamaron la falta de apoyos y el desdén con que trata a los elementos de esta corporación.
“Que nos liquiden, pero de acuerdo con la ley, nos dicen que estamos aquí porque somos malandrines, pero no, estamos aquí porque nos gusta, pero yo me voy, que me paguen y me voy”, manifestó un agente, luego de unirse al coro de los demás que exigían la destitución del procurador.
Los agentes tienen un salario de alrededor de 3 mil 500 pesos quincenales, pero desde hace alrededor de siete años no se les incrementa el salario, además de que no se les entregan uniformes ni fornituras y muchos de ellos conservan las mismas armas desde hace alrededor de diez años, y tienen que comprar cartuchos, porque en la policía no les entregan o no sirven.
Los inconformes señalaron que el Gobierno federal les envía un bono de 3 mil 800 pesos mensuales, pero las autoridades estatales les “mochan” este dinero, de tal manera que les llegan sólo mil 800 pesos.
“Ganan 12 mil en otros estados, aquí seis mil al mes, con armas con más de 15 ó 20 años de antigüedad y no sabemos si van a disparar cuando las accionemos”, dijo uno de los uniformados.
Los ministeriales reclaman que a los agentes que forman parte de las unidades especiales –en Aprehensiones (Unesa), Antisecuestros (UEA), Fuerzas Especiales (UFE), Modelo de Investigación Policial (UMIP)– tengan salarios de entre 25 y 30 mil pesos.
“Estas unidades están conformadas por puros recomendados, por gente que no tiene siquiera licenciatura y que hacen el mismo o menos trabajo que el resto de los que integramos la corporación, pero son privilegiados, ganan más, incluso que un agente del Ministerio Público”, dijo uno de los policías.

Marchas y bloqueos

Los manifestantes permanecieron en las oficinas centrales de la PME y luego marcharon por la avenida Insurgentes, en el Centro Sinaloa, y mantuvieron bloqueada esta vialidad, frente a las instalaciones de la Unidad Administrativa –sede del Gobierno estatal–, para exigir atención a sus demandas y una audiencia con Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa. Joel Hernández Niño, director de Gobierno, ofreció un encuentro con Rafael Oceguera, secretario general de Gobierno, pero los inconformes se negaron.
El bloqueo y plantón duró varias horas. Al día siguiente, las acciones se trasladaron al Congreso del Estado, donde los diputados del Partido de la Revolución Democrática insistieron en destituir al procurador, lo que fue respaldado por los legisladores de Acción Nacional. No así los del PRI.
Mientras en Guasave, los policías señalaron que si no les aumentan el salario que los destituyan, siempre y cuando los indemnicen de acuerdo con lo establecido por la ley, porque “estamos cansados de los malos tratos, de que nos acusen de andar de malandrines”.
El procurador manifestó que los agentes tienen razón en cuanto a los reclamos, ya que hay rezagos que no han sido atendidos, pero se comprometió a encabezar las gestiones a favor de los ministeriales.
“Reconozco el trabajo de la Policía Ministerial, estoy consciente de las limitaciones que se han acumulado en el tiempo, y me estoy esforzando por mejorar sus condiciones laborales y en el caso concreto, de sus peticiones; yo me encargaría de promoverlas, somos un equipo, no estoy cruzado de brazos”, dijo el fiscal en una entrevista con Luis Alberto Díaz, del noticiario radiofónico Línea Directa.
Finalmente, las acciones de protesta en las calles tomaron un receso. Los agentes advirtieron que volverán a salir si no les atienden sus demandas. Por lo pronto, traen moños blancos en su uniforme, en señal de que realizan sus labores bajo protesta.
Los uniformados atienden nada más “lo urgente” y en algunas comandancias no quieren patrullar ni recibir detenidos. En muchas de estas oficinas, son reemplazados momentáneamente por policías municipales o de la Estatal Preventiva.

Peritos y fiscales

Un escenario similar pisan los peritos y agentes del Ministerio Público: sueldos de 13 mil pesos mensuales que contrastan con los cerca de 23 mil y hasta 35 mil que reciben los agentes que son hijos predilectos de los altos funcionarios, aunque no tengan capacidad ni investiguen ni hagan una buena integración de expedientes que luego turnan a jueces.
Los vehículos en que desarrollan sus labores peritos y fiscales, se los entregaron en 1998, están en pésimas condiciones y muchos de ellos ya no funcionan.
“Cómo es posible que estén ganando mucho más que el jefe inmediato de ellos, como lo marca la Constitución, o sea, el Ministerio Público, ¡qué ilógico, qué incoherencia, qué burla y qué falta de respeto a la sociedad y a la Constitución!, ¿cómo es posible Dios mío, que esto suceda en Sinaloa?, es por eso que estos policías se sienten mucho mas que el Ministerio Público y por ese motivo ya no lo respetan”, dijo uno de los inconformes.
Mientras los agentes de la Unesa se hospedan en los mejores hoteles cuando salen de Sinaloa y reciben jugosos vales mensuales, muchos de los fiscales apenas cuentan con mil pesos mensuales y algunos sólo reciben 200 para gasolina y viáticos.
La misma historia ocurre en cuanto a los bonos de productividad, que se supone son de 2 mil 500 pesos mensuales cuando se cubren las metas trazadas por los jefes: privilegios y discriminación.
“Estos estímulos, el procurador los entrega cada vez que le da la gana y los ganan quienes menos derecho tienen, los favorecidos, que son unos cuantos, porque hay agentes del Ministerio Público que nunca han recibido estos bonos o sólo una vez, mientras que otros, esos pocos, lo reciben mensualmente”, dijo uno de los auxiliares de estas agencias.
En las oficinas no hay computadoras, hojas blancas, lápices o plumas, y los sueldos son de hambre, y las armas son chatarra.
“Hay muchas deficiencias y carencias a las que se les tiene que sumar, recientemente, que le sean regateadas las vacaciones que nos corresponden a derecho, condicionadas a ‘productividad’, esto último, especialmente delicado en lo que se refiere a ministerios públicos, quienes estamos obligados a consignar con fines estadísticos y no con el necesario apoyo de tiempo y herramientas para integrar averiguaciones previas debidamente fundamentadas”.

Entre la curul y los ministeriales

Marcela Hernández

Los policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y peritos, llegaron desde temprano al Congreso y se prepararon para escuchar de principio a fin el asunto que les compete: el aumento de sueldo, prestaciones, entrega de municiones, buenas armas y chalecos que efectivamente detengan las balas.
Las comisiones unidas de Seguridad y Derechos Humanos los recibieron en una de las salas del Congreso. Pero aún así, entraron a la sesión para escuchar de viva voz el pronunciamiento que habían comprometido los partidos cuando los atendieron en lo cortito.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo iba de un lado a otro, procesando el acuerdo mientras que Francisco Javier Luna Beltrán, casi en mangas de camisa, hacía lo propio al fondo del recinto parlamentario.
Fue precisamente el coordinador del PRI y presidente de la Gran Comisión, quien leyó el punto de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias.
En primer término, la legislatura conjuntó a las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos para la atención del problema, otorgándoles como tarea principal, abocarse inmediatamente a organizar una reunión de trabajo con el procurador de Justicia, teniendo como agenda única atender el pliego petitorio presentado por los representantes de los quejosos, quienes también asistirán a dicha reunión.
Además, se solicitó al procurador instruir a los mandos y jefes superiores de los quejosos, cesar o evitar represalias de tipo laboral en contra del personal inconforme.
Aunque firmaron el punto de acuerdo, el PAN y el PRD fueron más allá. Juan Figueroa Fuentes pidió la separación inmediata del cargo del procurador, por ser insensible a las demandas de los empleados, con más de 7 años sin tener ningún aumento en sus percepciones.
Sadol Osorio afirmó que si Luis Antonio Cárdenas Fonseca aún tenía vergüenza debía irse. Ambos, despertaron los aplausos de un público plagado de inconformidades y ansioso de respuestas inmediatas.
Diva Hadamira Gastélum, del PRI, fustigó a aquellos que buscan el aplauso. Y prácticamente pidió a los ministeriales que no escucharan el canto de las sirenas.
Desde las tribunas, gritó un policía ministerial:
“¡Es que es del PRI!”.
De inmediato, uno de ellos, que fungía de líder, llamó a la calma con toda su voz y los brazos. Para entonces, los ministeriales habían colocado una lona solicitando la renuncia del procurador.
“No pierdan de vista, cualquier asunto que a esta cámara llega, la mayoría de esta cámara tiene también la palabra y esta mayoría está comprometida con ustedes y lo vamos a hacer y lo van a ver, nomás que hay estilos distintos de hacer las cosas. “Sabemos que sus demandas son justas”, reiteró Diva.
El diputado del Partido Nueva Alianza, Crescenciano Espericueta, lamentó que los policías ni siquiera ganen los 7 mil pesos cada mes, sino que con compensaciones y bonos de despensa, llegan a esa cantidad.
Saldría a relucir que en verdad no tienen ni seguro de vida, pues no han firmado ni elegido beneficiarios. Tampoco tienen Seguro Social ni Infonavit.
Al menos dos ministeriales de la audiencia no perdían detalle grabando todo con celular.
Figueroa pidió la palabra una vez más para reiterar la denigrante situación de los policías. Pero fue interrumpido por la presidenta de la mesa directiva, Gloria Imelda Félix, quien le marcó que su tiempo había acabado. La regla, no la aplicó después para su compañera de bancada, Diva Hadamira. Tampoco accionaba el reloj para contar el tiempo de participación para los priistas.
Alejandro Higuera se puso el guarache y aclaró que él no buscaba aplausos de la audiencia. Sostuvo que si el procurador y la secretaria de Seguridad, que vive en una burbuja fuera de la realidad, no hacen bien su chamba, tienen que irse.
Para entonces, uno de los ministeriales, cansado de tanto embrollo, gritó que habían ido por respuestas, no para escucharlos pelearse.
Cuando la presidenta de la cámara consideró agotada la discusión, quiso iniciar la votación. Pero desde su curul, Adolfo pedía la palabra desde hace rato, insistentemente.
A pesar de que se negó, la diputada accedió a la participación del panista, quien aseguró que no había porqué no incrementarles el sueldo si recursos federales había y más que el año pasado.
“No es un asunto de dinero, es un asunto de voluntad”, expresó.
Por ello, urgió una auditoría para saber a dónde se estaban yendo los recursos. Y afirmó que por vergüenza, Luis Antonio Cárdenas Fonseca debería de irse.
Noé Contreras Avendaño subió para recriminar que la oposición sea eso: oposición y nada más. Ni oposición responsable ni oposición leal. Sólo oposición que se opone a todo.
La presidenta de la mesa directiva puso a consideración el punto de acuerdo leído por Luna Beltrán y todos estuvieron de acuerdo. Cuando quiso enviar a Concertación Política el punto de acuerdo del PRD para que se vaya el procurador y se haga una auditoría, el trío de Adolfo Beltrán, Alejandro Higuera y Juan Figueroa se fueron encima con reclamos a la parcialidad de la presidenta.
Juan Figueroa tuvo que argumentar que había escrito las palabras de “urgente y obvia resolución” pero ni eso convenció a la diputada presidenta, quien pidió al secretario leyera el punto de acuerdo para demostrar que las palabras no estaban dentro de las propuestas sino en los considerandos.
De pie, Alejandro Higuera le reclamó a la presidenta que estaba violando la Ley Orgánica, pues no preguntó si el punto de acuerdo de Luna Beltrán era de urgente y obvia resolución.
Ya sin más remedio, Gloria Imelda aclaró que por práctica parlamentaria se tendría que preguntar si estaban de acuerdo en la propuesta del PRD y que fuera de urgente y obvia resolución.
La mitad del recinto, donde se sienta el PRI, levantó la mano para oponerse.
Antes de que la presidenta terminara de asentar la votación, el mismo hombre que había calmado los ánimos entre el personal de la Procuraduría, gritaba la salida: “Vámonos, vámonos, vámonos”.
“No nos gustó esto; a ver si les va a gustar a ustedes el paro que vamos a hacer”, gritó una mujer de pelo corto y jeans a los diputados.
Irma Tirado de inmediato se levantó de su asiento para reclamar airadamente a Figueroa Fuentes y Adolfo Beltrán su poca responsabilidad al firmar un acuerdo y luego exigir frente a los ministeriales la renuncia del procurador.
El personal de la Procuraduría ya iba harto otra vez, de tantas palabras.