Andrés Villarreal

El narco se cartea, se manda mensajes. No basta el crimen, ya en sí mismo un recado, sino que ahora intimida con la palabra. Reales o ficticios, para distraer o confundir, junto a los cuerpos mutilados y decapitados aparece el letrero.

El miércoles 2, junto al recado –Arturo a Joaquín- abandonan cuatro badiraguatenses decapitados: Luis Enrique Aguirre, Ricardo Pacheco, Héctor Adán Venegas y Noel Uriarte, todos menores de 28 años, todos de la tierra de Joaquín Guzmán.

Mientras aumenta el número de asesinatos –junio cerró pero que mayo- el nivel de violencia aumenta igual.

Viernes 4 –Joaquín a Arturo-, tres personas dentro de una cajuela de un Tsuru. Si unos decapitaron, los otros además amputan las piernas.

Al cierre de la edición sólo uno de ellos había sido identificado como el ex policía ministerial Roberto Carlos Barceló Villagrán.

Viernes 4 –sin recado-. Apenas 12 horas después de que apareciera asesinado Barceló Villagrán, otro policía cercano a él, fue acribillado: Jorge Zatarain Camacho, cuando viajaba con otro ministerial activo Jesús Gastelum Leyva. Ambos circulaban en una camioneta oficial por el bulevar Emiliano Zapata. A las 16:00 horas les dan alcanza y con rifles ak-47 mueren. En la refriega, resulta asesinado también Daniel Sillas, ajeno a los recados y deudas. Otro civil muerto en esta guerra.

Barceló y Zatarain

Roberto Carlos Barceló y Jorge Zatarain coincidieron en una operación policiaca el 29 de junio del 2007, en la ciudad de Los Mochis, misma que casi un año después llevó a la destitución de Barceló y a la reintegración en sus funciones de Zatarain.

Por aquel operativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos integró una recomendación a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa –la 29/07-, donde pide investigar el presunto abuso de autoridad y la detención ilegal contra el periodista Luis Fernando Nájera.

Por dos meses y pese al riesgo en la integridad del quejoso, Barceló y Zatarain seguían en sus funciones y fue hasta septiembre del 2007 cuando el procurador, Luis Cárdenas, les notifica que son suspendidos en sus funciones.

El caso estaba casi olvidado a no ser por el asesinato registrado apenas con 12 horas de diferencia del ya expolicía y del ministerial en activo.

Barceló Villagrán recibiría un oficio del Procurador fechado el 12 de junio del 2008 con el número 01347 (del cual RIO DOCE tiene una copia) donde le notifica su "destitución en el empleo, cargo o comisión que viene desempeñando para esta procuraduría, y del cual se encontraba suspendido desde el día 10 de septiembre de 2007".

En el oficio de tres hojas y resuelto por la Unidad de Contraloría Interna se detalla "que existieron irregularidades administrativas a su cargo, en su desempeño como Supervisor Operativo en la Dirección de Policía Ministerial, consistentes en haber ordenado la detención ilegal sobre el C. Luis Fernando Nájera Pérez, en las instalaciones de la partida" de la PME en Los Mochis. Igualmente lo acusa de haber manipulado el informe enviado al Ministerio Público.

A Jorge Zatarain lo evade de responsabilidad, y por tanto es reinstalado en su cargo como comandante C de la corporación.

Durante la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el entonces director de la ministerial, el Mayor Alfredo Mejía Pérez defendió a quien trabajó muy cerca de él. Y en un informe integrado a la recomendación de la CEDH enviada a la procuraduría (de la cual RIO DOCE tiene una copia) desecha cada una de las acusaciones:

La detención "...fue en flagrancia delictiva, porque se les aseguró un arma calibre 9 milímetros marca Ruger, con fundamento en lo previsto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales."

"Ahora bien, le expongo que resulta improcedente jurídicamente acceder a su requerimiento en el sentido de girar instrucciones para que los señores ROBERTO CARLOS BARCELÓ VILLAGRÁN TORRES y JORGE ZATARAIN CAMACHO, agentes de Policía Ministerial del Estado, adscritos al Grupo Reacción de esta Dirección, comparezcan ante las instalaciones que ocupa esa Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que rindan en forma personal el informe de ley, con relación a los actos atribuidos, ya que las circunstancias en que se suscitó la detención motivo de la queja, quedaron asentadas en el oficio que hoy se contesta, las cuales se desprenden del parte informativo elaborado con fecha 30 de junio del año en curso, por dichos agentes."

La notificación de la Procuraduría no refiere nada sobre otra investigación contra Barceló Villagrán y únicamente lo castiga retirándolo del cargo del que ya lo había suspendido diez meses atrás.

7 de julio 2008