Vientos de guerra. Votos contra balas.

>>Se fragua la jornada electoral en Sinaloa bajo la peor ofensiva criminal

Semanas antes de que los sinaloenses elijan a sus autoridades, el poderío del hampa se erige por encima de los mandos constitucionalmente establecidos, previendo como triunfadores  irrebatibles de la jornada electoral el horror y la incertidumbre. La expectativa por la paz y la legalidad desvanece como si la elección en ciernes ya hubiese derrotado la esperanza de miles de electores.

Distraído el gobierno de Jesús Aguilar Padilla en heredarle el cargo a Jesús Vizcarra Calderón, mientras el crimen organizado lleva al límite su aptitud violenta y cruel, el proceso electoral en Sinaloa transcurre entre muertos, horror y plomo, como si los electores tuvieran que salir a votar en zona de guerra.

Perdidas todas las garantías para la población pacífica, deshechos los códigos de honor que en todo campo de batalla se respetan y anuladas las instituciones por la dominante presencia de los cárteles del narcotráfico, la elección de gobernador, presidentes municipales, diputados, regidores y síndicos procuradores, ya está salpicada de sangre.

Ninguna jornada electoral de la historia moderna de Sinaloa se había llevado a cabo bajo condiciones similares de inseguridad. Nunca el estado se hallaba colocado como el segundo más violento del país o en el octavo lugar a nivel mundial al llegar a un índice de 29.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Una vez que el Congreso del Estado convocó a elecciones, que el Consejo Estatal Electoral se ha instalado para organizar las votaciones y que los partidos políticos proceden a elegir a sus candidatos, en contraparte nada ni nadie asegura que habrá tranquilidad para ejercer el sufragio.

Con mil 251 homicidios dolosos sucedidos en 2009 y 431 ocurridos en los dos primeros meses de 2010, según las estadísticas oficiales, a menos de cuatro meses de que los sinaloenses acudan a las urnas, un candidato único acapara la atención de los ciudadanos: el miedo.

No es para menos cuando el escenario político, económico y social de todo el estado es invadido por ejecuciones, “levantones”, encobijados, decapitados, colgados, desaparecidos, masacres y mensajes que reflejan la intensa disputa de la plaza entre los grupos rivales del narcotráfico.

Y por si algo faltara, el tema de la seguridad pública se desvió hacia el peligroso sendero de las reyertas partidistas con el acuerdo de la minoría del Congreso del Estado para citar a comparecer al procurador Alfredo Higuera Bernal y la posición de este funcionario de desobedecer el llamado a comparecer.

Urnas y cadáveres

Tomando como referencia las mismas estadísticas delictivas que posee la Procuraduría General de Justicia del Estado, en las elecciones celebradas en Sinaloa durante las dos décadas recientes nunca las condiciones de inseguridad pública habían desbordado como ahora. En siete procesos electorales locales efectuados desde 1986 a la fecha, el actual es el que acontece en las peores circunstancias de violencia.

El conteo oficial de homicidios dolosos establece que en 1986, cuando Francisco Labastida Ochoa fue electo gobernador, sucedieron 398 hechos de ese tipo, mientras que en 1992, año en que Renato Vega Alvarado fue electo titular del Ejecutivo Estatal, se tuvieron 594 muertes violentas. Para 1998, en la elección que ganó Juan Millán Lizárraga, el índice delictivo marcó 641 asesinatos con armas de fuego y, en 2004, en que la votación favoreció a Jesús Aguilar Padilla, se contabilizaron 517 homicidios.

En las elecciones de 1989, 1995, 2001 y 2007, en las cuales solo se votó para designar alcaldes y diputados al Congreso del Estado, los registros de homicidios fueron de 447 el primer año, 652 el segundo, 552 el tercero y 743 el cuarto.

El año anterior inmediato al proceso electoral en curso se tuvieron mil 251 homicidios dolosos y en 2010, cuando se renovará el Gobierno estatal, los 18 ayuntamientos y se integrará la 60 Legislatura local, solamente en enero y febrero se han cometido 431 crímenes, más de la tercera parte del total reportado por la PGJE en el 2009.

En tal atmósfera de preocupación por la creciente inseguridad, el presidente en Sinaloa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Samuel Campos Velarde, señala que la sociedad esperaba que al arribo del proceso electoral el problema de la inseguridad estuviera bajo control y que los votantes sintieran más confianza al acudir a las urnas.

Sin embargo, dice, “la situación actual pone en peligro al mismo proceso electoral, debido a que crea incertidumbre en los votantes”, por lo cual la Coparmex sigue esperando que se actué rápido para reponer condiciones indispensables que fortalezcan la participación democrática.

De igual forma demanda un mayor compromiso de la sociedad porque si esta no exige, el Estado actúa a discreción y todo lleva a que las promesas, compromisos y obligaciones se olviden. Los sinaloenses deben asumir ya la función de ser el ojo vigilante del Gobierno, agrega Campos Velarde.

En la actual coyuntura electoral, la Coparmex plantea que exista un compromiso total con la democracia, la división de poderes y la libertad de expresión. También este organismo de la IP ha alzado la voz al percibir que “la escalada de violencia que vivimos y sentimos demuestra que las autoridades no son eficientes para combatirla y que la situación exige acciones efectivas de manera inmediata”.

“Es aceptable que las autoridades admitan que han fracasado en la lucha contra la delincuencia porque se ubican en la realidad, sin embargo esperamos que vayan más allá en el cumplimiento efectivo de medidas ya anunciadas. A quienes gobiernan y a quienes aspiren a gobernar les demandamos un compromiso muy formal para combatir la delincuencia y hacer valer el estado de derecho”, puntualiza el dirigente de Coparmex.

El tamaño del miedo

Si alguna certeza ancló en la percepción de los sinaloenses con el asesinato de María Genoveva Roger Lozoya —socorrista de la Cruz Roja ultimada el 28 de febrero dentro de las instalaciones de la institución— es que en Sinaloa no hay más ley que aquella que impone la delincuencia organizada.

Ese crimen derriba cualquier esperanza por el restablecimiento de la legalidad puesto que aún en las regiones que viven conflictos bélicos a la Cruz Roja y sus voluntarios se les concede una especie da alto al fuego.

Esa violencia extrema, que se confirmó a 17 días de que arranquen las precampañas de los aspirantes a puestos de elección popular, fortalece los indicadores que a nivel nacional e internacional ubican a Sinaloa como una de las zonas más violentas de México y el mundo.

Publicada en noviembre de 2009, la sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, pone a Sinaloa como el segundo estado más inseguro, con base a los registros de homicidios dolosos que reflejan la tasa más alta con 16.52 hechos por cada cien mil habitantes.

Aunque esa investigación realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, A.C., sitúa al estado dentro de la media nacional en materia de percepción de inseguridad, al momento de contabilizar las víctimas lidera en los saldos de la ingobernabilidad.

A nivel mundial, también en noviembre pasado, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. dio a conocer que si fuera Sinaloa un país, ocuparía el octavo lugar a nivel mundial dentro de la lista de 115 naciones con mayor número de homicidios.

Junto a Chihuahua y Guerrero, Sinaloa destaca en la deshonrosa muestra de regiones con altas tasas de criminalidad en el planeta, superado solo por países como El Salvador, Sudáfrica, Venezuela, Colombia, Belice y Jamaica, establece el CIDAC, una institución especializada en análisis de políticas públicas para el desarrollo humano.

El estudio titulado Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, califica de alarmante el caso Sinaloa, que mantuvo una tendencia igualmente alarmante al presentar un promedio de 29.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, cometiéndose aquí uno de cada cinco asesinatos registrados en todo el país el año pasado.

Tal balance resuelve que esta región “al realizar un análisis comparativo de las tasas de homicidios intencionales de los estados con los referentes internacionales, se encuentra en rangos de violencia equiparables con los países con mayor número de homicidios intencionales”.

Política y violencia

En abono a la crispación social que genera la violencia irrefrenable, la semana pasada el asunto de la seguridad pública viró hacia la confrontación política que escenifican por un lado el PRI y por otro los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que participan en una eventual alianza opositora.

En la sesión del martes 2 de marzo, la bancada priista se opuso a una propuesta de los diputados del PAN y PRD para que comparecieran el procurador Alfredo Higuera Bernal y la secretaria de Seguridad Pública, Josefina de Jesús García Ruiz, y rindieran cuentas sobre el panorama de violencia que domina en Sinaloa.

El acuerdo, sacado adelante por 17 diputados de oposición, citaba a Higuera Bernal y a García Ruiz a una reunión privada a las 11 horas del jueves 4 de marzo en las instalaciones del Congreso. Pero ninguno de los dos funcionarios acudió.

En la respuesta formal enviada a los congresistas, el procurador consideró que de acuerdo con la Constitución de Sinaloa, es el Congreso como institución el que puede llamarlo a comparecer y no “algunos diputados” de la Cámara como ocurrió en este caso.

El hecho de que algunos integrantes de la 59 Legislatura, “cualquiera que fuera su número”, no colma el supuesto constitucional de que se trata, argumenta a su favor Higuera Bernal en la carta enviada a quienes lo citaron a comparecer.

Por su parte García Ruiz mandó avisar que no podía acudir porque cumplía compromisos de agenda en la Ciudad de México.

En su reacción a este desaire, los diputados del PAN y PRD calificaron de ofensivas las actitudes del procurador y de la secretaria de Seguridad Pública al tratarse, según el perredista Juan Figueroa y el panista Adolfo Beltrán, de la falta de respeto al Poder Legislativo, que ratificó a ambos en sus cargos.

De tal forma que, ocupado el gobernador en poner en su lugar a alguien que le cuide la espalda durante seis años, trasladados al Congreso los choques entre partidos que anuncian un proceso electoral tensa y adueñándose la delincuencia vertebrada de vidas, calles y ciudades enteras, una sola cosa tienen segura los ciudadanos: la elección del próximo 4 de julio está en peligro.