Los estudiantes de diversas instituciones de nivel superior, particularmente de la UAS, iniciaron un movimiento para lograr ampliar el servicio nocturno de camiones dado que cada día se ven en la disyuntiva de abandonar las últimas clases, en aras de alcanzar la última corrida del transporte nocturno o perder el camión en aras de aprovechar esas últimas clases del día.

Pero en el proceso de organizarse, poco a poco se han dado cuenta que el asunto es más complejo. Por un lado han descubierto que a muchos estudiantes no se les hace el descuento del 50 por ciento en el transporte urbano, sobre todo a los chamacos del nivel bachillerato (prepas de la UAS, Cobaes, CBTIS, etcétera.). Así mismo han encontrado que muchos estudiantes que provienen de ranchos o municipios distintos a donde estudian, pierden el descuento porque creen que el transporte suburbano o foráneo no está incluido en esa ley que obliga a los camioneros a otorgar el descuento de la mitad del precio del pasaje. También se han dado cuenta que los alumnos de los programas semiescolarizados que estudian los sábados y los domingos (prepa, Trabajo Social, Psicología, etcétera.) no son sujetos a beneficiarse con el descuento establecido por la ley. Y, finalmente, descubrieron que los adolescentes de secundaria ni siquiera están mencionados en dicha ley.

Lo anterior, junto con el trato irrespetuoso que los conductores y garbanzos tienen para con los usuarios, hace que el transporte público sea visto como un muy mal servicio, especialmente en ciudades como la capital del estado, además de ser considerado por todos como uno de los más caros del país.

Desafortunadamente, las autoridades hacen caso omiso a lo establecido por la ley y sobre todo a las nuevas necesidades de la población que exigen una reforma a la misma. Por ejemplo, el artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, reformada en 1997 y refrendado en su última reforma del 2007, establece a la letra que:

“Los estudiantes de escuelas públicas de los niveles medio superior, superior y equivalentes, recibirán en el transporte urbano, suburbano y foráneo, descuentos del cincuenta por ciento de la tarifa autorizada, los días hábiles de lunes a viernes, durante el ciclo escolar; este descuento se aplicará también los días sábados en que los estudiantes deban asistir a los planteles educativos”.

Ese artículo 245 incluye a todos los alumnos del nivel bachillerato y del nivel superior, incluyendo a los estudiantes de posgrado. Habla no solo del transporte urbano, sino del que va a los ranchos y colonias periféricas, así como del transporte foráneo, y reconoce que los descuentos deben hacerse no únicamente de lunes a viernes sino incluso los sábados.

Igualmente, en el artículo 250, inciso III, la ley dice que se debe “respetar los horarios e itinerarios fijados para la ruta, cuya explotación les haya sido autorizada, debiendo implantar medidas de supervisión y control, a efecto de cumplir con esta obligación”, lo que mandata a los camioneros a prestar el servicio nocturno para recoger hasta el último de los estudiantes de las instituciones educativas que laboran en la noche.

Así que todos los usuarios, especialmente los estudiantes, deben conocer esta ley para hacerla valer, exigiendo a las autoridades que vigilen su cumplimiento. Pero al mismo tiempo se requiere pensar seriamente en hacer reformas a la misma, toda vez que las necesidades han cambiado y el servicio tiene que asumir esos cambios. Me refiero específicamente a que el descuento se amplíe a los programas semiescolarizados que trabajan incluso los domingos y a los estudiantes secundarianos que son muchos y cada día más necesitados de apoyo para concluir sus estudios.

Los legisladores tienen que tomar “el toro por los cuernos” y evitar que la juventud empiece un movimiento de consecuencias imprevisibles. Recordemos el pasado en Sinaloa y en otras partes del país, la juventud estudiosa ha sido la que con mayor sensibilidad asume los riesgos de una lucha que le toca directamente sus magros recursos económicos. Pero sobre todo recordemos que tenemos la obligación moral y política de crear las mejores condiciones para que la adolescencia y la juventud se inserten plenamente en la vida social adulta de la mejor manera y con los mejores alicientes.