>>La investigación del crimen de Antonio Ibarra apunta al lavado de dinero

Con la eliminación gradual que manos criminales hacen de quienes en 1994 secuestraron y asesinaron a Jorge Raúl Ibarra Salgado, hermano de Antonio Ibarra Salgado, se reducen a dos las posibles causas del asesinato del secretario de Turismo, apuntando ambas al probable cobro de cuentas pendientes con la delincuencia organizada. Y asoma un móvil único: “lavado” de dinero.

Incluso el expediente del caso podría ser atraído en definitiva por la Procuraduría General de la República, dependencia que hasta hoy se mantiene como coadyuvante en la investigación, al centrar la dependencia federal su atención en posibles actos de “blanqueo” de dinero.

Al depurar las conjeturas que surgieron a raíz del atentado que afectó directamente al gabinete del gobernador Jesús Aguilar Padilla, los avances en las labores tendientes a esclarecer ese hecho “conducen cada vez más hacia la participación del crimen organizado”, revela una fuente de la PGJE.

Las pesquisas que lleva a cabo la fiscalía estatal conjuntamente con la PGR se abocaron a esclarecer si como funcionario del Banco del Atlántico y Banpaís, en la década pasada, Antonio Ibarra Salgado incurrió en operaciones financieras irregulares que le hayan causado problemas con grupos o sujetos delictivos.

La otra área de investigación se relaciona con la intervención que el Ejército realizó en noviembre del año pasado en casas de cambio propiedad de la familia Ibarra Salgado y si en esos aseguramientos se afectó dinero de procedencia ilícita.

Hasta fines de 2009 la fiscalía especial creada para investigar el ataque contra Antonio Ibarra Salgado, sucedido el 22 de diciembre de ese mismo año, incluía como línea de investigación el secuestro y homicidio del hermano de este, cometido el 11 de febrero de 1994.

Sin embargo, la indagatoria correspondiente no encontró pruebas firmes para sostener como sospechosos a los cuatro sujetos que fueron detenidos y enjuiciados por ese delito, uno de los cuales, Jesús Alberto Loaiza Manjarrez, el Chabeto, fue “levantado” y asesinado el pasado miércoles 3 de febrero. Otro, Carlos Alfonso López Quintero, murió atacado a balazos en enero de 2005.

De acuerdo con lo arrojado en el seguimiento a la privación de la libertad y muerte de Jorge Raúl Ibarra Salgado, aquel suceso de 1994 ya había sido suprimido como probable móvil del asesinato del ex secretario de Turismo, incluso un mes antes de que “levantaran” y mataran a Loaiza Manjarrez.

La Procuraduría local descartó que la muerte del sujeto conocido como el Chabeto tenga relación con el caso Antonio Ibarra Salgado.

Quedan dos de cinco

Después de 72 horas de que asesinaron a Antonio Ibarra y a su chofer Encarnación García Valdez, el subprocurador estatal José Luis Leyva Rochín manejó cinco líneas de investigación en torno a ese hecho, pero un mes después, estas se fueron limpiando con base a las periciales, testimonios y evidencias arrojadas por las investigaciones.

Luego de revisar en las relaciones personales y de vida privada de quien fuera secretario de Turismo, se eliminó la eventualidad de que de ahí hubieran surgido motivos para victimarlo. Otro aspecto que se exploró como probable móvil es el desempeño del cargo, pero nada se halló que pudiera colocarlo en situación de peligro. Al ponerse en marcha el año pasado el Centro Integralmente Planeado de Teacapán, Escuinapa, Antonio Ibarra había propuesto que se establecieran candados para que a ese proyecto no entrara dinero proveniente del narcotráfico, pero sin llegarse a concretar tales controles.

La tercera de cinco hipótesis se relacionaba al secuestro del hermano del secretario, misma que también fue suprimida.

En enero, toda la capacidad de investigación de la PGR fue puesta en las dos líneas de investigación que se han sostenido durante toda la investigación del caso: la trayectoria de Ibarra Salgado en instituciones bancarias en los noventas y la propiedad de su familia de casas de cambio.

En este ámbito de la investigación, la PGR considera versiones que ha obtenido en forma de aportación a la indagatoria que indican que en el lapso 1996-1998, Antonio Ibarra habría facilitado la entrada a cuentas bancarias de capitales pertenecientes al cártel de Sinaloa. Una versión ya difundida en los medios dice que, en efecto, en 1998, el entonces funcionario del Banco del Atlántico ofreció apoyar con fuertes sumas de dinero la campaña de Juan Millán Lizárraga, quien en aquel tiempo era candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa. Esa “ayuda” hipotéticamente fue rechazada por Millán al ser prevenido de que eran recursos con origen en el narcotráfico.

Asimismo, la dependencia federal ahonda en el expediente UEIORPIFAM 115/2009 y solicita detalles al Ejército sobre el aseguramiento de casas de cambio en Culiacán, en noviembre de 2009, que serían propiedad de la familia Ibarra Salgado. En aquel operativo fue detenido Julio Amavisca Valenzuela, quien declaró ser socio de Luis Ibarra Salgado en la propiedad de casas de cambio que la Novena Zona Militar ubicó como negocios que efectuaban operaciones monetarias ligadas al narcotráfico.

Lo persistente de ambas líneas de investigación que se refieren a presuntos actos de “lavado” de dinero podrían llevar a que, si la averiguación continúa robusteciendo tales teorías, el caso pase a manos de la PGR y la Procuraduría del Estado suelte el control de las pesquisas y se convierte en coadyuvante del Ministerio Público Federal.

De ser así, advierten en la PGJE, el caso prácticamente se daría por cerrado en el ámbito local.


>>Dos de los asesinos de Jorge Raúl Ibarra Salgado han acabado ejecutados

El “justiciero” espera

Un paciente vengador caza a los homicidas de Jorge Raúl Ibarra Salgado —secuestrado y asesinado el 11 de febrero de 1994—, porque en cuanto salieron de la cárcel dos de ellos, les dio muerte en hechos violentos que registran ciertas similitudes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado robusteció el móvil de la venganza contra los que hace 16 años privaron de la vida a Ibarra Salgado, después de que el miércoles 3 de febrero fue hallado el cadáver de Jesús Alberto Loaiza Manjarrez, quien un día antes fuera “levantado” por un grupo armado mientras caminaba por la calle Plan de San Luis, en la colonia Emiliano Zapata.

Loaiza Manjarrez, el Chabeto, fue sentenciado a 20 años de prisión en 1994 junto a otros tres sujetos que confesaron haber llevado mediante engaños a Jorge Raúl Ibarra Salgado a una casa abandonada ubicada cerca de la carretera México Nogales, donde le dieron muerte. También mataron al menor David León Morales, al que utilizaron como “carnada” para atraer a la víctima.

A principios de 2009, de acuerdo con información de la PGJE, el Chabeto había obtenido su libertad tras cumplir la condena dictada en la causa penal 24/94 y al recibir beneficios de libertad anticipada por su buen comportamiento en prisión.

Solo que el pasado martes 2 de febrero, al menos cuatro sujetos armados se lo llevaron a la fuerza. La familia lo reportó como desaparecido pero 24 horas después la Policía localizó el cuerpo sin vida en la zona denominada La Cuetera, cerca del dique La Primavera.

En circunstancias similares, el 17 de enero de 2005 fue acribillado a balazos otro de los asesinos de Ibarra Salgado, de nombre Carlos Alfonso López Quintero. Hacía dos semanas que había salido del penal de Culiacán al recibir una sentencia de solo diez años, por comprobar que su participación en el crimen no fue determinante.

En aquella fecha, López Quintero circulaba en una camioneta de su propiedad por la avenida Álvaro Obregón, frente al edificio sede del Ayuntamiento de Culiacán, cuando fue atacado por un grupo de sicarios.

Un informe que la Procuraduría General de la República rindió el 17 de agosto de 2006 sobre el homicidio de Ibarra Salgado, señala que el 11 de febrero de 1994 Carlos Alfonso López Quintero y Jesús Alberto Loaiza Manjarrez, junto con Agustín Aguilar García y Theojaris Bolívar Castro, planearon el secuestro de Jorge Raúl Ibarra Salgado.

“Para lograr su propósito, los delincuentes invitaron a la víctima a una fiesta a la que también iría el menor de edad David León Morales. Una vez en camino, lograron llevar tanto a Ibarra Salgado como a León Morales a una casa abandonada, cerca de la carretera México-Nogales”.

“En la casa —agrega el informe 1056/06 de la PGR— Carlos Alfonso amenazó con un arma de fuego a Theojaris Bolívar, obligándolo a disparar a quemarropa en contra de Ibarra Salgado. Mientras tanto, el menor fue asesinado también por Carlos Alfonso cuando este trató de escapar del lugar”.

Por ese hecho, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal en Culiacán, Sinaloa, libró orden de aprehensión en contra de los cuatro presuntos delincuentes, siendo detenidos tres de ellos días después del homicidio, mientras Aguilar García fue aprehendido en agosto de 2006 en Illinois, Estados Unidos, y deportado a México con la cooperación del Departamento de Seguridad Interna de aquel país.

Después del “levantón” y “ejecución” de Jesús Alberto Loaiza Manjarrez, la PGJE estableció una serie de analogías entre este hecho y la muerte de Carlos Alfonso López Quintero, ya que ambos fueron ultimados días después de salir de prisión; los dos purgaron condenas por los crímenes de Ibarra Salgado y del menor David León Morales; los asesinaros grupos armados; los ataques ocurrieron fuera de los domicilios de ellos y se usaron armas cortas. Existe el antecedente, según las familias de las víctimas, de vigilancia cerca de las casas por parte de personas armadas, en las semanas previas a dichos eventos delictivos.

Además, en el caso de López Quintero se hicieron constantes amenazas a la familia, desde que este entró a prisión en 1994, con mensajes anónimos que establecían que esperarían a que saliera de la cárcel “para que la justicia se ‘acomplete’”.

Por ello, la fiscalía estatal establece que el principal móvil y línea de investigación tiene que ver con la venganza, tomando en cuenta que Loaiza Manjarrez y López Quintero se declararon confesos de los dos crímenes.