>>En Ahome gobiernan los narcos y hasta lo presumen

Después de que La Mochomera se autoproclamara dueño de la plaza de Los Mochis y que repeliera una acción armada por parte de la Limpia, grupo ligado al cártel de Joaquín el Chapo Guzmán con ramificaciones en Sonora y Sinaloa, y que dejara al menos 18 muertos en los primeros 31 días de enero, la “narcojusticia” reapareció en la ciudad, pero con una mutación. Ahora se autodenomina La limpia mazatleca, por aquello de sus orígenes en la distribución de drogas al menudeo.

La limpia mazatleca alardeó de quienes serían sus próximas víctimas: robacoches y ladrones domiciliarios, en una serie de mantas que a media noche del miércoles colocó en los principales cruceros de la ciudad. La ostentación de impunidad con la que actúan, al aceptar desde el alcalde, Esteban Valenzuela García, su pequeñez para combatir a ese grupo, fue prácticamente simultánea.

La primera manta de casi cinco metros de largo por unos dos metros de alto apareció en el corazón comercial de la ciudad: Álvaro Obregón y Gabriel Leyva. La segunda en Juan de Dios Bátiz y Gabriel Leyva y la tercera en un puente a desnivel de la carretera Internacional. Al ser instaladas, ninguna patrulla apareció. Las cámaras de videovigilancia tampoco dieron aviso de la presencia de quienes colocaban las mantas amenazantes. Todas las corporaciones se quedaron “ciegas, mudas y sordas” mientras La limpia mazatleca daba su tour de instalación de mantas.

La amenaza contra la delincuencia común se registra luego de una escalada en las estadísticas de robos de vehículos.

Parodiando al grupo de sicarios de La Mochomera o de La Limpia Mazatleca, que de acuerdo con los registros policiacos actúa encapuchado, vestido de negro, portando armas largas y en vehículos lujosos, los robacarros emprendieron su ataque en contra de la población civil.

Según la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Robo de Vehículos, en los primeros 33 días del 2010 casi cuatro unidades diarias eran hurtadas de la ciudad. Al dos de febrero, la representación social tenía 129 registros de vehículos robados. La mitad de ellos, unos 65, despojados con lujo de violencia por comandos armados, vestidos de negro, encapuchados y portando armas largas y cortas.

Los ofendidos con el robo de sus carros de modelo reciente denunciaron que se trataba de un comando que actuaba ocasionalmente. En circulación, armados, encapuchados y uniformados, observan la unidad que les gustaba. Un “cerrón”, descendían tres o cuatro tipos, le apuntaban con los rifles al conductor y luego la orden: ¡Bájate! Descendido el conductor, dos tipos abordaban el nuevo vehículo y las dos unidades reiniciaban la marcha a baja velocidad, como si nada pasó. El apoyo policial llegaba al sitio del atraco en cuestión de minutos, pero desaparecía en cuestión de segundos cuando eran enterados de que era un comando de negro el que se había robado la unidad.

A la fecha, ningún despojo de carros con violencia de los casi cuatro diarios que se registran en la ciudad ha sido aclarado por la disminuida y acobardada Policía Ministerial del Estado, cuyo comandante Rosario Antonio Verástica Ontiveros, cuando no se encuentra franco se enclaustra en sus oficinas sin recibir a ofendidos.

La narcojusticia no es nueva en la ciudad, porque en los primeros casos de asesinatos con brutalidad y ostentación de armamento, lo mismo cayeron narcomenudistas que supuestos ladrones domiciliarios, en una guerra que entre los bandos participantes se identificaron como La Mochomera versus La Limpia. Las evidencias como centenares de dosis de cristal y cocaína localizados en los autos de los primeros y las cartulinas del motivo del asesinato, en los segundos, son evidencias que nadie investigó. “Para qué meterse”, dijo uno de los investigadores consultados sobre el avance de esas indagatorias oficiales.

Informes preliminares de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Homicidios Dolosos, refieren que en la serie de ejecuciones que iniciaron en pleno año nuevo y que no concluían el 2 de febrero, “Día de la Candelaria”, al menos cuatro casos fueron documentados que sus orígenes estaban en sus antecedentes policiales y no policiales como ladrones domiciliarios, ya sea por complicidad o por omisiones.

Las primeras ejecuciones se realizaron con pistolas, una de calibre policial como la nueve milímetros y al mismo tiempo con las reglamentarias de las fuerzas armadas, calibre .45.

En los casos recientes en donde se han dejado mensajes de que la ejecución era el castigo por ser ladrón, las armas utilizadas ya son de ráfagas. Es decir, los ejecutores pasaron de pistolas a fusiles automáticos. De pistolas a AR-15 y a AK-47.

En todas las ejecuciones presuntamente ordenadas por narcos en contra de la delincuencia común, los asesinos han disparado a la cabeza de sus victimas a corta distancia. Del análisis de los letreros, al menos en tres casos, los autores han dejado palpable cierto nivel cultural, pues no refieren faltas de ortografía y la sintaxis es mediana. En otros, los rasgos de la escritura demuestran una preparación menos que básica.

En medio de la narcojusticia, Genaro García Castro, el jefe de la Seguridad Pública en Ahome que proyectó la fusión de Tránsito con la Policía Municipal para aumentar la fuerza de reacción a hechos delictivos, y que en la práctica solo generó aumento de la impunidad de los delincuentes y la corrupción en el cuerpo, dejó el cargo para irse como coordinador de seguridad del senador, Mario López Valdez, ahora, aspirante a la candidatura del PRI para la gubernatura de Sinaloa.

En su lugar, el alcalde designó por invitación a Carlos Héctor Ochoa Polanco, ex subdirector de la Policía Ministerial del Estado y quien por cuarta ocasión arriba al mismo cargo, en todas como “apagafuegos”.

Ochoa Polanco asume la Dirección General de la Policía Municipal entre filas divididas, entre cárteles de narcomenudistas y complicidades con delincuentes comunes, pero también con una corporación llena de avaricia, corrupción y simulación.

En su primer día, ofreció trabajar sin descanso para retomar el control de la ciudad por las fuerzas del orden público, intensificar la mística de servicio, algo que la Policía ocultó en el miedo a las armas de alto poder y a ser víctimas de los grupos armados, e incrementar la coordinación.

Los sectores productivos vieron en Ochoa Polanco al mesías de la Seguridad Pública, y todos, incluyendo los regidores del partido en el poder municipal, le desearon buenos deseos y éxitos.

Para el criminólogo, Francisco Javier Gaxiola Valdez, veterano investigador de la medicina legal y actual estudioso de criminalística aplicada a la convivencia social, la razón de la delincuencia común u organizada es el efecto de un estado fallido en su responsabilidad de ser garante de la seguridad colectiva, ciudadana.

“Si mal no recuerdo, ustedes (Ríodoce) publicaron que el alcalde Esteban Valenzuela García había entregado la plaza a los cárteles de distribución de droga. Entonces, dudé. Hoy, esa información la tengo por cierta. Tantos muertos y cero detenciones, tantas mantas y cero arresto, tantos despojos y cero aprehendidos no dejan lugar a dudas que el Gobierno es un Estado fallido”.

Para el investigador, la oferta de que los cárteles de distribución de drogas ofrezcan castigar a robacoches y a ladrones, y que nadie reaccione es un cogobierno del narco. “Desde ahí, estamos jodidos”.

Afirmó que el Gobierno debe de endurecer las acciones de inteligencia, mejorar los operativos y garantizar la sana convivencia social. “Pero con estas autoridades en donde es más fácil darle un billete al policía para que se haga de la “vista gorda” que garantizar la detención de un delincuente o el arresto del infractor no se puede lograr ninguna aplicación de un bando de Gobierno, mucho menos las leyes penales”.

Para Ezequiel Lerma Herrera, consejero consultivo nacional de la Confederación de Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados de la República Mexicana, la delincuencia que priva en la ciudad rebasó a la autoridad porque no hay repuesta a los hechos. La prevención, persecución y el cumplimiento de la ley es “letra muerta” en el municipio.

El Gobierno municipal nuestro no coordina nada. Esperamos resultados, pero nadie responde. En Ahome hay un Estado fallido.