Leyva Rochín. El tiempo en contra.

>>Toda la urgencia y los recursos para investigar el asesinato de Antonio Ibarra

Se le acaba el tiempo al gobernador Jesús Aguilar Padilla para rescatar la palabra que empeñó ante el cadáver de quien fuera su secretario de Turismo y frente a la familia de su amigo y colaborador. Razón suficiente para que se activen todos los engranajes de la procuración de justicia y los privilegios de una indagatoria VIP se den para que el mandatario pueda cumplir, antes de irse, la promesa de castigar a los autores del crimen.

Cuando José Luis Leyva Rochín recibió la encomienda de esclarecer el asesinato de Antonio Ibarra Salgado, ex secretario de Turismo, tomó en sus manos una bomba de tiempo que, cualquiera que sea la circunstancia, habrá de explotar de un momento a otro.

Más aún cuando aventuró que hay condiciones para dar con los responsables de ese hecho de sangre que estremeció al gobierno de Jesús Aguilar Padilla y evidenció la vulnerabilidad del grupo en el poder.

La presión ejercida por los familiares de Ibarra Salgado, que se indignan cuando abundan las hipótesis no oficiales de nexos con el crimen organizado, así como la exigencia de los sectores productivos para que ese evento de violencia no siente un precedente de impunidad, convierten el caso en una especie de averiguación VIP (Very Important Person, por sus siglas en inglés).

Leyva Rochín tendrá a su cargo a los mejores investigadores y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como una línea abierta de colaboración por parte de la Procuraduría General de la República.

Deberá rendir al procurador Alfredo Higuera Bernal y al gobernador Jesús Aguilar Padilla informes permanentes del avance de la indagatoria con el fin de determinar si requiere de mayor respaldo en materia criminalística, para lo cual no tendrá restricciones.

Quienes estuvieron cerca del que hasta el lunes de la semana pasada se desempeñaba como subprocurador de justicia en la zona centro, señalan que “tendrá que trabajar las 24 horas para cumplir con la misión que le asignaron, consistente en uno o dos meses dar con los asesinos de Ibarra Salgado”.

Con resultados notables cuando fuera titular de la Agencia Especializada en Homicidios y director de Averiguaciones Previas de la PGJE, a Leyva Rochín le atribuyen los demás fiscales el “haberse sacado la rifa del tigre, sin comprar boleto”.

Por un lado, estiman agentes del Ministerio Público consultados por este semanario, es improbable que llegue a identificar, ubicar y detener a los asesinos del ex secretario de Turismo, porque evidentemente se trata de un ataque cometido por el crimen organizado.

Igualmente porque si se confirma la supuesta relación de Ibarra Salgado con miembros de los cárteles del narcotráfico, ni el Gobierno ni la familia permitirán que se avance para evitar que se manche la imagen de la víctima.

“Es una bomba de tiempo que de un modo u otro, tarde o temprano, le tronará en las manos al fiscal especial”, pronostican.

Cuenta regresiva

Nunca antes el gobernador Jesús Aguilar Padilla había puesto tanto empeño en resolver un crimen, hasta ahora que ordenó se dé con los asesinos de Antonio Ibarra Salgado. También es inédito el dilema en que está la PGJE: aclarar el homicidio sin enlodar a la víctima.

Echando mano del mejor investigador que tiene la Procuraduría, Aguilar Padilla comprometió su palabra con la familia del ex secretario de Turismo de no irse del cargo sin dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado que el 22 de diciembre de 2009 le quitó la vida al entonces funcionario.

Es una promesa y un fiscal especial que de todas formas dan pocas certezas respecto al esclarecimiento de la muerte de Ibarra Salgado. Las cinco líneas de investigación que se sostienen sobre el ilícito se entrecruzan unas con otras, convirtiendo el caso en una maraña en que podría agazaparse la impunidad.

“Prácticamente se requerirá de varias unidades especiales trabajando en distintas líneas para ir descartando unas y fortaleciendo otras, pero es difícil poner plazos o ejercer presión sobre las pesquisas”, dice uno de los investigadores.

La mayoría de los posibles móviles tienen que ver con el crimen organizado. Las pesquisas realizadas por las procuradurías federal y estatal adelantan que de ser resuelto el homicidio dejará al descubierto algún trato, o al menos relación con la delincuencia.

La investigación, protegida por la PGJE como asunto de obligada confidencialidad, requerirá de agotar una serie de testimonios, retratos hablados, nombres y conjeturas que ponen contra reloj al fiscal Leyva Rochín.

Sin embargo, la instrucción de acudir a los expertos, equipos o recursos criminalísticos que sean necesarios para poner ante la justicia a quienes asesinaron a Ibarra Salgado abre la posibilidad de que, por primera vez en el sexenio de Aguilar Padilla, un crimen de esta naturaleza sea esclarecido.

Excepto el caso del ex procurador de justicia, Jorge Julián Chávez Castro, asesinado en Culiacán en febrero de 2003, que recibió prioridad por parte de la PGJE y PGR, ningún otro homicidio había provocado la atención especial del Gobierno.

Igual que aquel, donde la familia finalmente puso alto a la investigación por el sesgo que tomó el suceso al salir a relucir presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la averiguación de la muerte de Ibarra Salgado podría empantanarse de un momento a otro.

Líneas cruzadas

Todavía la semana pasada toda la capacidad de investigación de la Procuraduría se centraba en las cinco líneas trazadas desde el inicio de las pesquisas, en una labor que pretendía desenredar aquellos aspectos que invadían una hipótesis desde otra y poder robustecer una pista central.

La primera se centra en aquellos indicios presumibles que vinculaban a Ibarra Salgado con personajes del cártel de Sinaloa dedicados a lavar recursos económicos producto del tráfico de drogas. Aquí mismo se realiza un trabajo para determinar si existen negocios o compra de propiedades en mancuerna con sujetos delictivos.

La segunda guía de la indagatoria consiste en analizar si en el pasado o presente de Ibarra Salgado se establecieron relaciones conflictivas con alguna persona o grupo que haya derivado el ataque violento.

Un tercer campo de indagación revisa si desde el cargo de secretario de Turismo asumió alguna medida que afectara intereses económicos o políticos, o bien, si adquirió para él o para terceros propiedades en desarrollos turísticos que hubieran estado disputadas por grupos o personas ligados al narcotráfico.

Como cuarta línea de investigación se sostiene el aseguramiento de casas de cambio que el Ejército y la PGR llevaron a cabo a principios de 2009 y la presunta vinculación de Luis Ibarra Salgado, hermano del secretario de Turismo, en actividades de blanqueo de capitales.

También se insiste en que la muerte de Ibarra Salgado tenga que ver con el asesinato de Jorge Raúl Ibarra Salgado, también hermano del servidor público, ocurrido el 11 de febrero de 1994, luego de que cuatro sujetos armados lo privaron de la libertad mediante engaños. Los responsables del asesinato fueron detenidos y sentenciados a 20 años de prisión, pero en enero de 2005 salió libre uno de ellos, de nombre Carlos Alfonso López Quintero, quien a finales de ese mismo mes fue asesinado a balazos frente al edificio sede del Ayuntamiento de Culiacán.

Para la fiscalía especial, a tres semanas de que ocurrió el ataque de un grupo armado contra Ibarra Salgado, ninguna de las líneas de investigación es descartable, como tampoco se desecha que en la indagatoria puede surgir otra que sea tomada en cuenta.

La tierra del miedo

Como sucede en situaciones en que los deudos de las víctimas de la violencia temen que continúen en su contra las embestidas delictivas, la familia del ex secretario de Turismo abandonó el estado, posiblemente el país, al considerar que en Sinaloa no tiene garantías para estar a salvo de amenazas o sucesos violentos, se informó a Ríodoce.

Sin precisar el destino que eligieron para estar lejos del grupo criminal que ultimó a Antonio Ibarra, en residencial Los Álamos se confirmó que horas después de las exequias la esposa e hijos del ex funcionario abandonaron la privada.

“El único motivo para irse es el miedo y está justificado después de lo que le hicieron al jefe de la familia; si él andaba confiado y andaba siempre sin guardias porque creía que no tenía enemigos que le hicieran lo que le hicieron, ¿por qué la señora y los niños deberían sentirse seguros”, justifica un condómino de Los Álamos.

En respaldo a esa versión, la Procuraduría dijo que desde algún lugar del país o del extranjero, parte de los familiares de Ibarra Salgado se mantienen al tanto de la investigación e inclusive dispuestos a aportar los datos que se le requieran en torno a la averiguación previa 197/2009.

La fiscalía dijo desconocer si la familia de Ibarra ha recibido amenazas luego de la muerte de este, como para tomar la decisión de abandonar Sinaloa.

Al respecto, el psicólogo Alberto Nájar Merino, estudioso del fenómeno viudas-huérfanos derivado de la situación de violencia, considera que la opción más recurrente en los deudos de personas que sufren las secuelas del crimen tiene que ver con abandonar inmediatamente el estado.

“Si esta ciudad o esta tierra es considerada por todos los sinaloenses como sinónimo de miedo, no se diga de las mujeres o niños que sufren de manera directa los daños de un asesinato o de un ataque armado en que se pueda sobrevivir”, apunta.

Menciona que en un estudio efectuado en el mes de noviembre de 2009, como sustento de la tesis de un maestrante, de un total de 450 familias abarcadas en Culiacán, el 82 por ciento de ellas aceptó que de tener otra alternativa de ciudad para vivir en paz, aceptaría irse de la capital sinaloense.

Hace referencia de pacientes que desde aquí van enlazados con sicólogos de otros estados de México, inclusive del extranjero, para que al huir de Culiacán allá prosigan con las terapias de superación de traumas originados por el terror.

“Y se van sin pensarlo al igual que se han ido tantos como la familia de Ibarra Salgado o la de Salomón Hernández Meraz (secretario del Frente Cívico Sinaloense herido en un atentado el 31 de agosto de 2009) que no hallan otra posibilidad de estar a salvo”, concluye.