En Los Mochis, pasarela de funcionarios y políticos.

Los escritores del guión con que debería de iniciarse, desarrollarse y concluir la reunión centro-norte de seguimiento y análisis del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y la Legalidad fallaron, porque al final tuvieron que modificar las conclusiones de espaldarazo a la política antidelito del gobernador Jesús Aguilar Padilla, y que vislumbraron con la confianza de que siete de los nueve alcaldes que hablarían en el evento eran priistas.

Más que análisis y discusión, los organizadores convirtieron el acto en un foro en donde unos hablaron, los menos reclamaron y los más escucharon, pero pocas cosas se anotaron.

Así, el “análisis” dejó un mal sabor de boca.

Pero, para lo que la reunión sí sirvió, fue para la pasarela política de los funcionarios estatales y para que la Policía Municipal de Ahome mostrara los equipos antimotines recientemente adquiridos y la nueva formación policial: cascos, equipos de protección y una disciplina que están lejos de alcanzar.

La reunión se realizó en el remodelado Centro Social Leonístico, en donde Rafael Oceguera Ramos, secretario general de Gobierno, inició la pasarela con un discurso repetitivo. Reconocía que la seguridad era el talón de Aquiles del gobierno de Jesús Aguilar Padilla, aunque rechazaba que en esa materia se estuviera reprobado por la sociedad. Habló del esfuerzo de cuatro años de enfrentar a la delincuencia y del permanente interés de mantener el estado de derecho.

El procurador general de Justicia, Luis Cárdenas Fonseca, rompió su habitual silencio y con su acostumbrado estilo contestó algunas preguntas, pero ninguna relacionada con su actuación y mucho menos con la posibilidad de su renuncia.

Ya en el análisis, en el presídium, en donde se encontraban además de los dos políticos anteriores, la secretaria de Seguridad Pública, Josefina de Jesús García Ruiz, Carlos Morán Dosta, Alfredo Higuera Bernal y el alcalde anfitrión, Esteban Valenzuela García, habría un fuego amigo inesperado: “La criminalidad va ganando terreno; las estructura policiales, cediendo. Las policías demostraron que no puedan solas”.

Entonces, el político principal del acto apareció de nuevo en la escena y se sumó a la crítica hueca, sin interlocutor: “No tenemos bien estructuradas las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. En 12 años, el narcomenudeo apareció y tomó fuerza con las narcotienditas y generó la narcoviolencia y la delincuencia organizada”. Y fue más allá: “Las bandas están mejor organizadas y relacionadas, con más disciplina y más capacitación”. Incluso criticó la intromisión de intereses partidistas, electoreros y políticos en la lucha anticrimen.

Ella, la coprotagonista del acto, explicó los motivos y alcances de la reunión y sin más se sentó, esperando las reacciones de los ediles. Los primeros en criticar fueron los alcaldes blanquiazules de Chóix y El Fuerte, Édgar Félix Bustillos y Víctor Sarmiento, respectivamente, quienes aseguraron que los gobiernos están haciendo las cosas con ilegalidad y que ya debe haber más hechos y menos palabras. Denunciaron la falta de apoyo y la descoordinación policial que genera impunidad. Pero no fue todo, pues los alcaldes priistas de Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa criticaron también y exigieron un replanteamiento de la política estatal de seguridad pública “porque no hay resultados favorables”; reclamaron más recursos, pero sobre todo, menos palabrería y mayor coordinación.

Pero no fue todo, puesto que César Luis Vea Vea, Joaquín Vega Inzunza y Jesús Del Muro Leyva, dirigente de abogados, comerciante y empresario, respectivamente, afirmaron por separado que las policías están corrompidas y que por ello la sociedad está vulnerable a la delincuencia, y en consecuencia ¿por qué habría de creerse que este esfuerzo va en serio?

Ante las críticas, los organizadores abandonaron sus lugares y desde la oscuridad urgieron la intervención de un alfil: José Encarnación Torres Camacho, quien para cerrar su discurso pidió un aplauso para el presídium por el esfuerzo desarrollado.

Así, en el acto final se prepararon para bajar el telón y el procurador, Luis Cárdenas Fonseca, fue lanzado a la palestra obligado a leer las conclusiones previamente preparadas y que versaban sobre el reconocimiento de todos para el Gobierno del Estado, para sumarse al Plan Nacional Anticrimen; que todos suscribían un compromiso de mejoramiento de seguridad pública y que de igual manera todos, los nueve alcaldes de la zona centro-norte se sumaban al Acuerdo Nacional de Seguridad Pública.

Ya cuando estaban por aprobarlo, además de las consideraciones y reclamos de los alcaldes, desde la tribuna apareció un espontáneo que pidió la palabra. Se trataba de Ezequiel Herrera Sandoval, ex presidente nacional de los abogados, quien exigió que en reuniones próximas se llame a cuentas al procurador y al Poder Judicial, porque son ellos quienes al final miden la eficacia de la prevención del delito.

La trama se cierra con la aceptación de la propuesta. Y ya en los créditos del evento, se aseguró que la segunda y tercera parte de la trama se correrá en Culiacán y Mazatlán.