Evaluación en el sur. Cuentas tristes.

Aún no termina el año y en el Ayuntamiento de Elota ya casi se agota el presupuesto destinado a la compra de gasolina para la Policía Municipal debido a los constantes incrementos en el precio del combustible.

Apenas 12 de sus 132 policías tienen chalecos antibalas y el 50 por ciento de sus armas ya no sirven.

Para este ejercicio fiscal, el presupuesto total de la administración es de aproximadamente 94 millones de pesos, de los cuales, 17 millones son para seguridad pública, recurso que resultará insuficiente para cubrir la mayoría de las necesidades de la corporación.

Este caso es solo un ejemplo de que el grueso de los municipios de Sinaloa y del país no están en condiciones de cumplir con los compromisos que les corresponde asumir en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El principal obstáculo es el económico, pues entre las 74 acciones específicas de corto, mediano y largo plazo, se contempla que los ayuntamientos reasignen recursos y partidas dentro de sus propios presupuestos para reforzar el área de seguridad pública.

“Siendo realistas, nosotros no estamos en condiciones porque desafortunadamente nos faltan muchas cosas, pero la voluntad y el trabajo de nuestros elementos está a toda prueba”, manifestó Pedro Ángel Rodríguez Ayala, acalde de Elota.

A pesar de los esfuerzos que se realizan por parte de la corporación ––continuó––, no es posible atender las demandas de mejores salarios, armamento y equipo para los policías que ganan 5 mil 600 pesos al mes.

La adquisición de cinco nuevas unidades, el incremento de los rondines y del precio en la gasolina, dijo, ha provocado que los recursos para la compra de gasolina estén a punto de agotarse.

Si el presupuesto no alcanza ni para costear el gasto operativo, asentó, menos alcanzará para implementar las acciones que marca el acuerdo nacional de seguridad, salvo que se reciban apoyos extraordinarios por parte de la Federación.

Los compromisos

Las acciones de combate a la violencia y crimen organizado pactadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 21 de agosto establecen que los ayuntamientos deberán depurar y fortalecer a las policías municipales en el plazo de un año.

Durante la reunión de análisis y seguimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad, realizado aquí el miércoles pasado, la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Josefina de Jesús García Ruíz, dijo que los tres niveles de gobierno realizan acciones dentro del ámbito de su competencia.

En este caso, a los municipios les corresponderá desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los agentes y mandos de la Policía Municipal con el apoyo de la Procuraduría y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en un año.

Con carácter obligatorio, también tendrán que sostener una evaluación permanente y controles de confianza en sus policías y centros de readaptación con ayuda del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. El plazo de ejecución será de un año para las 150 localidades del país que recibieron apoyos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) y de dos años para el resto.

Instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera, además de homologar protocolos de operación es parte de las responsabilidades que los ayuntamientos deberán cumplir en un año.

Para los próximos seis meses se conformarán bases de datos que serán interconectadas a los sistemas y protocolos de Plataforma México; se actualizarán y regularizarán las licencias colectivas de portación de armas de fuego; se impulsarán programas sociales preventivos y se adecuarán los reglamentos municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública.

La reasignación del presupuesto, es uno de los puntos más cuestionados por acaldes sinaloenses que enfrentan carencias de recursos, incluso para cubrir las demandas básicas de obras y servicios por parte de la población.

“Nos preocupa saber de qué manera se va a otorgar el presupuesto del 2009 porque de acuerdo con lo que recibimos por parte del Fondo 4 federalizado, pues muchas veces la mayoría de los recursos no alcanzan”, expuso el alcalde de Cosalá, Juan José Martínez Mendoza.

Lo más justo, dijo, es que la Federación realice un reparto equitativo de los recursos para los municipios pequeños a través del Subsemun o mediante los fondos destinados a seguridad pública.

De los 49 millones 232 mil pesos a ejercer este año por la Comuna, señaló, 6 millones 696 mil pesos corresponden a seguridad pública, mismos que por lo menos tendrían que duplicarse para cubrir las necesidades básicas de este rubro.

Con ese monto, el “pueblo mágico” apenas logra operar una Dirección de Seguridad Pública compuesta por 38 policías, que realizan rondines en cinco patrullas ya en mal estado, que les fueron donadas por el Gobierno estatal porque el municipio nunca ha podido adquirir una sola con recursos propios.

Juan José Martínez admite que a pesar de ser un municipio tranquilo, existe temor de que se presenten hechos violentos porque se han visto grupos armados circular por la zona debido a su cercanía con Culiacán y Durango.

“Sí estamos preocupados porque vemos movilizaciones de gente armada y estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar entonces con lo poco que tenemos, que son cinco patrullas en mal estado, armamento que no es el adecuado y 38 policías”.

Ante la posibilidad de que se altere el clima de seguridad y la falta de capacidad para responder a hechos violentos generados por el crimen organizado, se ha conformado un frente común ciudadano para promover la cultura del cuidado y la prevención.

El alcalde de Escuinapa, Sergio Crespo Hernández, coincidió en la demanda de mayores apoyos porque a partir de los últimos dos meses se ha incrementado la inseguridad en su municipio, que antes era considerado tranquilo.

Por la falta de presupuesto, criticó, en la Policía Municipal se contrata personal con estudios de preparatoria porque se tiene que pagar más por quienes tienen mas preparación.

Para el alcalde de Navolato, Jesús Amando García Hernández, las necesidades y retos en materia de seguridad pública son tantas que ni con el apoyo que su municipio recibe del Subsemun se logran cubrir.

“Aún con el Subsemun hay muchas carencias que se vienen arrastrando en Navolato y que no vamos a poder cubrir en un cien por ciento, como por ejemplo, dotar a todos los elementos de chalecos antibalas”, mencionó.

Con el subsidio, el municipio aportará tres millones de pesos y recibirá nueve millones más por parte de la Federación. Sin embargo, el alcalde consideró que los apoyos a la educación y promoción de valores sería más eficaz para prevenir delitos y mejorar el clima de seguridad en el mediano y largo plazo.

“El esfuerzo vale la pena, y más que los recursos económicos que siempre hacen falta, el recurso más valioso es el humano”, puntualizó.

Uno de las aspectos que más preocupó al alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez, fue el de la depuración de la Policía Municipal, al considerar que por lo menos el 30 por ciento de los casi mil agentes no pasarán las pruebas de evaluación y control de confianza.

“Estamos seguros que va a haber un porcentaje importante de elementos que no van a pasar las evaluaciones de control de confianza y esto nos obliga a otorgar liquidaciones”.

El presidente municipal mazatleco se pronunció porque se especifiquen los esquemas bajo los cuales se realizarán las evaluaciones de confianza y las liquidaciones.

Junto con Culiacán y Navolato, Mazatlán es uno de los municipios del estado inscritos en el Subsemun, a través del cual recibirá 30 millones por parte de la Federación y aportará otros 10.