Protesta civil. Juicio militar.

>>La SCJN lo analizará a partir de la matanza de Santiago de los Caballeros

A un año cinco meses de que elementos del Ejército Mexicano masacraron a cuatro jóvenes de Santiago de los Caballeros, el caso podría marcar un antes y un después para las fuerzas armadas mexicanas, puestas por el presidente Felipe Calderón en la primera línea de fuego de su lucha contra el narcotráfico.

En el próximo periodo de sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la pertinencia o no del fuero militar a partir de uno de los amparos interpuestos por familiares de los jóvenes asesinados, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro (Centro Prodh).

El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo al cerrar el anterior periodo de sesiones de la Corte, que dos son los asuntos relevantes con que arrancará el periodo de discusiones que inicia el próximo 3 de agosto: el caso de la guardería ABC, de Sonora, y el fuero militar.

La revisión de los alcances y limitaciones del fuero militar, para saber si es posible que sean juzgados por civiles los elementos del Ejército que cometan delitos en sus tareas de lucha contra el crimen, dijo, se ubica como el punto número dos de la agenda “de grandes temas que nos esperan en las próximas deliberaciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia”.

La Corte se pronunciará sobre este tema al revisar el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares la noche del 26 de marzo de 2008, en Santiago de Caballeros, Badiraguato, cuando los confundieron con narcotraficantes, pese a que en la camioneta en la que viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga.

En el ataque murieron Édgar Geovanny Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo e Irineo Medina Díaz. Resultaron heridos Miguel Ángel Medina Medina y Wilfredo Ernesto Madrid Medina.

El Centro Prodh logró documentar que desde que ocurrieron los hechos, la Sedena desplegó una estrategia de comunicación social que, de manera deliberada, propició confusión y opacidad en el esclarecimiento de los hechos. En el terreno jurídico dicha estrategia llegó al extremo de presentar ante el Ministerio Público a dos de los sobrevivientes como inculpados de los hechos.

Esa vez aparecieron también dos elementos de tropa muertos, pero declaraciones de uno de los heridos que fue subido a una unidad militar, establecieron que habían muerto en otro hecho, pues los cuerpos de los soldados ya se encontraban en el vehículo cuando él fue detenido.

A partir de estos sucesos, la CNDH integró el expediente CNDH/2/2008/1287/QEI II., y en julio de 2008 hizo pública la recomendación 036/2008 en la que se acreditan el uso excesivo de la fuerza pública y de la armas de fuego, detención arbitraria, violación al derecho a la vida y a la integridad física, y violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

A pesar de todo ello, la CNDH no se pronunció esa vez sobre la necesidad de juzgar a los responsables por las autoridades civiles.

Sin embargo, el 13 de julio pasado, durante el coloquio internacional Transparencia, Archivo y Derechos Humanos, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, aceptó que el fuero militar debe “replantearse”.

Para el Centro Prodh, “el carácter paradigmático del caso (Santiago de los Caballeros) estriba en que evidencia los riesgos de la participación de militares en tareas de seguridad pública, así como la falta de acceso a la justicia para las víctimas de los miembros del Ejército cuando las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables queda a cargo de las propias autoridades militares”.

El pasado 22 de julio, la CNDH afirmó a través de un comunicado que durante el primer semestre del año, atendió 2 mil 956 quejas por presunta violación a las garantías individuales, de las cuales casi la cuarta parte, 559 casos, correspondieron a la Sedena.

El Ejército resintió el señalamiento de la CNDH, pues al día siguiente el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general Jaime Antonio López Portillo, citó a una conferencia de prensa para decir que “el aumento de quejas contra las fuerzas armadas se debe principalmente al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población”.