A unas cuantas semanas de las elecciones del 5 de julio ha quedado al descubierto qué significa un gobierno conservador, con todo el poder de las armas y el presupuesto.
Cómo ese gobierno lo ejercen las distintas denominaciones o marcas partidarias. No puede creerse que libremente un partido político llame a votar para que se legisle sobre la pena de muerte y otro partido político nos ponga en la disyuntiva de votar a favor de la represión cotidiana y uno más propagandice el vacío con frases inconexas del “así sí”, sin contenido.
En una situación como la que estamos viviendo, la mayoría perjudicada son las mujeres y los grupos sociales que se niegan a entregar sus cuerpos, sus tierras, sus minas, sus campos de producción y su dignidad.
Mientras, no para el abuso. Alegremente, la empresa trasnacional Industria Minera México (IMMSA) le vendió al ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, el lecho donde quedaron sepultados 63 trabajadores de la mina 8 de Pasta de Conchos, en la zona carbonífera del país.
Leí una denuncia simple, documentada por una agencia de noticias extranjera. Evidencia que existe una red de prostitución en Yucatán, amparada por los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y, como si nada pasara, los periódicos informan de las nuevas amenazas de muerte a la periodista Lydia Cacho.
Estos tres hechos reiteran, como en una cadena interminable, que en México el abuso y la corrupción se implantan como una multitud de insectos pegados a los seres vivos.
Si llegaran al país seres extraterrestres, pensarían que el signo de lo que un día se llamó convivencia social es, precisamente, la violencia cotidiana, sin referente alguno a la dignidad humana. Ya no se trata solo de un país en crisis económica o desempleo; ni siquiera se trata de una crisis política. Es el trance de un desgobierno, con miles de ramificaciones de la élite del poder a la base.
La exclusión y el atropello parecen implantarse como algo habitual. No falta casi nada para que sean desalojadas las mujeres, viudas de Pasta de Conchos, que quieren justicia desde hace más de tres años y no una nueva lavadora de carbón, que quiere ponerse en marcha, con el pretexto inmoral de crear 70 empleos en un país de millones de desocupados.
Lo hace además en una zona del país desconocida, abandonada, donde no existen caminos en las comunidades, ni servicios, ni hospitales... vaya, ni siquiera hay parques donde apaciguar la desgracia a la sombra de un árbol frente a temperaturas de 40 grados.
Es inútil hacer el relato de lo que ha de ser la vida de miedo de Lydia Cacho o cómo se redujo la pena de aquellos primeros grandes traficantes, Don Neto y Caro Quintero, mientras se sostiene una pena de más de cien años a Ignacio del Valle, líder de Atenco, cuyo delito fue decir que no, que en esas tierras no se edificaría un aeropuerto.
Ese es el episodio nefasto que, con todo cinismo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, consideró de cara a su “casa propagandista”, Televisa, como el acto más difícil de su gobierno. Ese mismo que consintió la violación de más de 23 mujeres, entre ellas tres extranjeras —dos catalanas y una chilena—, sin que, hasta ahora, haya un solo responsable.
Las persecuciones y el uso de la violencia contra los más débiles, niños y niñas, adolescentes e indígenas, han dejado de ser la verdadera referencia. Ahora cualquier persona está en peligro.
Me pregunto si esta es la política que se ofreció para la Seguridad Pública.
La gobernanza de Felipe Calderón está totalmente al desnudo. No cesan los operativos y las ejecuciones; la complicidad de altos jefes policiacos con el crimen son revelaciones consuetudinarias.
Ahora está a la luz pública una red de complicidades entre integrantes del Ejército y el crimen. ¿Qué significa esto?
Continuamente caen inocentes civiles en los operativos calderonistas. Ya hemos perdido la cuenta entre un desastre y otro. Los partidos políticos parecen no tener idea de los que sucede en el país y hay un abismo entre sus spots promocionales y el sentimiento de la gente.
Es así como se ha creado una represión silenciosa. Me contaron en Pachuca, Hidalgo, que la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obliga a médicos, enfermeras y trabajadoras sociales a denunciar a las mujeres que llegan a los hospitales con un aborto incompleto. Cada año, dos son detenidas y arraigadas sin juicio ni cuidado.
La homofobia, antes ubicada en el rechazo, hoy está instalada en la administración pública del Estado de México, como denunció la periodista Marcela Turati, en hechos sucedidos en una escuela para niñas y niños discapacitados.
Increíble que estemos viviendo en esta selva que odia a quienes simplemente son distintos o distintas o que ejercen sus libertades humanas fundamentales; a quienes tímidamente se oponen a entregar sus tierras; a los individuos de cualquier centro de trabajo que se niegan a perder el último reducto de sus derechos.
Todo ello transcurre tras las cortinas de humo de la publicidad partidaria y gubernamental. Actitud parecida a la de los zares de principios del siglo pasado; a la de los jefes de las dictaduras sudamericanas de los setenta; a la impunidad autoritaria de la era de la Alemania nazi o la Italia fascista.
Es la crónica negra del bajo mundo que nos invade, casi sin darnos cuenta, mientras se levanta una ola de discursos vacíos, de fiesta coloreada por Televisa y sus similares, entre los y las políticas que buscan una curul o un acomodo para seguir chupando los miserables reductos de lo que un día Friedrich Heinrich Alexander, Barón de Humboldt, llamó el “cuerno de la abundancia”.
Y han quedado petrificadas, como fósiles de un paraíso ambiental, palabras como justicia, democracia, convivencia y alegría.
Probablemente esto no es más que un mal sueño y nos despertaremos un día de estos en medio de otro modo de ser, otra forma de ver y una nueva historia civilizatoria, como la imaginaron los idealistas de todos los tiempos, o los revolucionarios que son, por ahora, solo historia.
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