Caso Ávila. Irregularidades y aplazamientos.

Incapaz de sostener pruebas en el caso Ávila, la PGJE lucha por ganar tiempo

En la última maniobra del desespero, el Ministerio Público acudió a la ilegalidad de solicitar casi siete meses para elaborar las conclusiones del expediente sobre el crimen de Enrique Ávila Castro, alargando la estancia en la cárcel de los presuntos asesinos. ¿Culpables o inocentes? A dos años y dos meses de abierto el proceso, el juez ha encontrado en la fiscalía el principal obstáculo para resolverlo.

Ante el plazo infame de 206 días solicitado por el Ministerio Público para elaborar las conclusiones del caso Enrique Ávila Castro —lapso que contraviene el artículo 17 constitucional— Noé Alberto Martínez Peñuelas y Jesús Armando López Uriarte, presuntos asesinos del maestro universitario, piden que al juicio que se lleva en su contra se le quite de encima toda la estructura de intereses, de diferentes niveles y ámbitos, que obstruye a la justicia.

Culpables o no de la muerte de Enrique Ávila Castro, ocurrida el 22 de junio de 2005 cuando la víctima acababa de asumir la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la realidad es que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha hecho un enredo del proceso legal.

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una recomendación hecha a la PGJE el 14 de marzo de 2008, ordena a la fiscalía reponer el principio de legalidad en el expediente con el cual fueron consignados Martínez Peñuelas y López Uriarte ante el juez primero de lo penal.

Desde su encierro en el penal de Culiacán, Martínez Peñuelas considera que es muy obvia la presencia de una manipulación de este caso por parte de la parte acusadora, “porque todo proviene de una situación política y ha quedado demostrado una y otra vez que en el campo de lo legal el expediente no da. Aquí está metida la mano de alguien de mucho peso, dirigida desde la UAS”.

“Si ya nos destrozaron la vida familiar, ¿qué más quieren? ¿Por qué el Ministerio Público en vez de reconocer que no tiene pruebas procede a hacer tiempo, a dilatar las cosas, a querer tenernos aquí injustamente?”, reclama.

Emplaza a la Procuraduría a que presente ya las conclusiones del caso para que el juez dicte sentencia, y que no incurra en otra maniobra para alargar el juicio.

Por su parte, preso desde el 18 de abril de 2007, al igual que Martínez Peñuelas, Jesús Armando López Uriarte expresa que la situación se ha vuelto desesperante “porque aparte de estar acusado de un crimen que no cometí, ya van dos años y dos meses que la justicia se nos niega, que estamos aquí sin que alguien tenga una prueba en contra”.

“Yo pregunto quién me va a reponer las horas que he estado sin ver a mis hijos, los días de trabajo que debí aportar al sustento de mi familia, los momentos en que debí estar al lado de mi esposa y mis padres. Y lo pregunto porque en lo legal, si esto se resuelve conforme a derecho, yo saldré en libertad y declarado inocente; pero si persiste la presión política para que nos tengan encerrados, pues no sé qué va a pasar”.

Dice no tener nada qué ver en la muerte de Enrique Ávila. “Nunca hemos delinquido, ni tenemos enemigos. Se lo digo a Dios y se lo digo a mis hijos: me he soñado libre muchas veces porque tengo la conciencia tranquila”.

Fiscalía en apuros

A finales de agosto próximo se cumple el plazo de 206 días que la Procuraduría de Justicia pidió para elaborar las conclusiones del caso, en la etapa previa a la sentencia que tendrá que dictar el juez.

La defensa de Martínez Peñuelas y de López Uriarte impugnó el tiempo tomado por la Procuraduría, pues contraviene los artículos 17 y 20 constitucional, que establecen que los tribunales deben estar provistos de lo necesario para una justicia pronta y expedita, y que el plazo para sentenciar a una persona no debe exceder de un año.

El Juzgado Cuarto de Distrito emitió una resolución en contra de la Procuraduría al considerar que es excesiva la prórroga solicitada por el Ministerio Público, mientras que los familiares de los procesados se han reunido en dos ocasiones con el procurador Gilberto Higuera Bernal, para solicitarle que presente ya las conclusiones en torno al expediente Ávila Castro.

Jesús Manuel Martínez Peñuelas, hermano de Noé Alberto y ex director de la Facultad de Derecho de la UAS, sostiene que una vez presentadas las conclusiones por la Procuraduría “no tenemos ninguna duda en que la resolución que emita el juez será de libertad e inocencia”.

Confía en que el procurador Higuera Bernal acelere el procedimiento actual y en menos de 15 días entregue al juez las conclusiones. “Él nos ha dicho que se trabaja en esto y que a la brevedad posible concluirá esta parte”.

Los 206 días que obtuvo la PGJE para hacer el balance final sobre el expediente Ávila Castro se convirtió en una táctica dilatoria más, añadida a una serie de irregularidades que van desde omitir la práctica de autopsia al cadáver de la víctima, alterar informes de peritos, suplantar la identidad de testigos y afectar indicios en la escena del crimen.

En el oficio 08352, del 14 de marzo de 2008, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, resuelve que desde la detención de Martínez Peñuelas y López Uriarte se cometieron violaciones a las garantías constitucionales de estos por parte de agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la PGE.

Una de esas arbitrariedades, concluye la CNDH, es que la detención se ejecutó antes de que la autoridad ministerial lo solicitara al coordinador de la UMIP, además de retenerlos injustificadamente en las instalaciones de dicha unidad policial. Otro dato relevante es que la Procuraduría sostuvo que luego de ser detenidos, Martínez Peñuelas y López Uriarte fueron trasladados al inmueble de la UMIP, pero en las diligencias ministeriales informan que el primero rindió su comparecencia en Culiacán y el segundo en Guasave.

La CNDH critica inconsistencias de tiempo y lugar de las actuaciones administrativas que integran la averiguación previa y formula un llamado al entonces procurador Luis Cárdenas Fonseca “para que se abstenga de obstaculizar los trabajos y funciones de los servidores públicos encargados de la vigilancia y defensa de los derechos humanos”.

Impunidad ampliada

El 23 de junio de 2005, Héctor Melesio Cuen Ojeda asumió ante la capilla fúnebre de Enrique Ávila Castro el compromiso de que se haría justicia, resultara quien resultara responsable del crimen. Sin embargo, al rendir su último informe como rector de la UAS, el pasado 22 de mayo, evocó la memoria del ex colaborador e insistió en que su muerte no quede impune “porque ni Enrique ni la UAS tolerarán la injusticia para este agravio”.

Pero no hubo tal justicia. A cuatro años de que bajo el puente del río Piaxtla fuera hallado el cuerpo sin vida de Ávila Castro, la impunidad parece ser la única garantía que la Procuraduría ofrece a la familia del efímero abogado general de la UAS.

Este semanario intentó obtener la versión de la familia Ávila Castro respecto al estado que guarda la investigación del crimen, pero el hermano de este, Jesús Guillermo Ávila Castro, declinó hablar al respecto. La esposa del inmolado maestro universitario, según se informó, se encontraba fuera de la ciudad.

“La familia ya no cree que la ley pueda castigar ese hecho ilícito. Tanto de parte de la UAS como de la Procuraduría se han hecho muchas promesas, se ha manoseado tanto el tema, que cada año se acuerdan de la deuda que el marco legal tiene con los deudos”, opina una fuente cercana a los Ávila Castro.

Desde que le dieron sepultura al cadáver, la esposa del catedrático universitario dejó en manos de Cuen Ojeda todo el seguimiento y cooperación en la indagatoria. El abogado general de la UAS, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, que ocupó el cargo tras la muerte de Ávila y que fuera ratificado por el nuevo rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, ha suspendido el contacto con la Procuraduría.

“Puede creerse que esto ya no es prioridad de la Universidad y olvidarse que el Consejo Universitario creó una comisión especial para el caso, pero el asesinato de Ávila Castro, mientras esté impune, es una afrenta para una institución educativa que por ningún motivo puede ingresar a la costumbre de arreglar con sangre sus asuntos internos”, considera el consejero Jorge Duarte.

Más allá de la mención obligada que Cuen hizo al despedirse de la Rectoría, la UAS ha quitado “el dedo del renglón” en el expediente Ávila. Bastó un rectorado, fue suficiente la detención de dos miembros de la comunidad académica universitaria, para que aquel enérgico exhorto a hacer justicia quedara en un simple recuerdo del día en que la violencia cubrió de sangre los recintos rosalinos.

Todo quedará, advierte el abogado Esteban Llamas, defensor de Martínez Peñuelas y López Uriarte, en una burda trama en que se buscaron “chivos expiatorios” para restarle presión a un asunto en el cual, considera, “tienen que encontrar a los verdaderos culpables”.