Sinaloa, a contrapelo del clamor nacional contra el secuestro.

Considerada un ejemplo para las policías de otros estados, La Unidad Especializada Antisecuestros está siendo desmantelada por la procuraduría de justicia al mismo tiempo que el delito presenta un repunte no sólo en Sinaloa, sino en varias regiones del país.

En la alarma nacional por el repunte del secuestro, el miedo toca la puerta en Sinaloa. Las cifras negras de este delito en el estado —siete casos desde que hizo crisis en mayo la seguridad pública—, esconden una amenaza colosal. La dispersión y el retraimiento del crimen organizado obligan a los pistoleros y comandos del narcotráfico a buscar fuentes alternativas de dinero ilícito.

La industria del secuestro va en ascenso. En ello coinciden empresarios, expertos en el tema de la seguridad pública y autoridades. Aunque la Procuraduría de Justicia del Estado conoce el rebrote del ilícito, entierra sus indicadores en la pasividad.

Oficialmente se conoce un repunte en esta actividad delictiva con nueve casos formalmente denunciados en lo que va del año, pero en las gargantas de los rehenes y sus familias se ha atorado la denuncia de otros siete plagios, algunos de éstos sin resolverse todavía.

Paradójicamente, mientras el gobierno federal refuerza las acciones contra las mafias de plagiarios que atacan en todo el país, el Gobierno de Sinaloa procede al desmantelamiento de la Unidad Especializada Antisecuestros.

Incluso, los gobernadores adheridos al Acuerdo Nacional por la Seguridad, entre éstos Jesús Aguilar Padilla, se comprometieron a la conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.

Mientras las promesas corren y los pactos vienen y van, el secuestro recobra fuerza en Sinaloa. Sin siquiera poder expresar el hartazgo frente a otro peligro que se agrega al clima de violencia en el estado, las víctimas se ven a merced de los criminales.

Se trata de hombres y mujeres de todas las edades que debido a su aparente o real nivel económico alto han sido sometidos por bandas delictivas que por la guerra al narcotráfico derivan a otras tareas ilegales.

“Hay niños secuestrados en Sinaloa y eso es lo más terrible. Casos que duran semanas sin ser resueltos y que no se sabe cuál es el destino de esos pequeños, porque lo más angustiante es que los delincuentes pierden durante días el contacto con las familias y nos piden a la UEA no intervenir”, dice un elemento del grupo antisecuestros.

Alerta máxima

La Confederación Patronal de la República Mexicana alerta a los empresarios de las entidades donde se libra la lucha contra el narcotráfico, sobre el inminente riesgo de que se desate una ola de secuestros. Y los llama a prevenirse.

Con focos rojos encendidos en Culiacán, el organismo que agrupa al sector privado toma de referencia otras ciudades como Tijuana, Matamoros, Nuevo León, Chihuahua y Ciudad Juárez donde el repliegue de los cárteles de las drogas se ha traducido en el incremento de secuestros.

En Tijuana, después de que a mediados de 2007 el gobierno federal implementó el despliegue de dos mil soldados en la lucha antinarco, se dio un aumento en los casos de secuestro. En 2008 se tienen reportados 15 casos, pero en hechos no denunciados se estiman 23 hechos.

La característica que resalta en la escalada de secuestros es que los delincuentes asesinan a sus víctimas a pesar de que los familiares cumplen con el pago del rescate que se les exige.

En Ciudad Juárez, según datos de organismos de la IP, una vez que a principios de 2008 se sintió un descenso en los homicidios dolosos producto del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, emergió la privación de la libertad de hombres de negocios y de familiares de éstos. En hechos denunciados se tienen 11 secuestros y sin denunciar se estiman alrededor de 40 casos, sin contar los que se registran en las modalidades express y virtual.

En Nuevo León se ha detectado que en la mutación del narco al secuestro intervienen desde lugartenientes, hasta sicarios o mandaderos de los capos del narcotráfico que al ver afectada su principal fuente de “dinero fácil” buscan crear otra en tanto se restablece la actividad de cultivo, trasiego y venta de drogas.

Al tener conocimiento de que en Sinaloa algunos empresarios sufren la embestida del secuestro, la Coparmex ha puesto en alerta máxima a sus socios y les recomienda modificar rutinas cotidianas y contratar seguridad privada.

En esa percepción de que el secuestro amenaza a Sinaloa coincide el ex comandante “Simón”, anterior jefe de la Unidad Estatal Antisecuestros. “El comportamiento tradicional de los grupos delictivos es que al verse imposibilitados a efectuar su principal actividad ilícita incurran en el secuestro como alternativa”.

Considera que los gobiernos federal y estatal deben fortalecer las áreas de prevención, investigación y esclarecimiento de secuestros, ante la posibilidad de que crezca esa actividad criminal.

Sinaloa, señala, no puede ser tomado desprevenido por las bandas de secuestradores.

El plan Calderón

En Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, firmado el jueves, contiene varias acciones de combate al secuestro, un delito que ha sido considerado como prioridad de Estado por el presidente Felipe Calderón.

Durante el acto en que se firmó este pacto, al que asistió el gobernador Jesús Aguilar Padilla, el empresario Alejandro Martí, quien creó la Fundación que lleva el nombre de su hijo Fernando, un niño de 14 años que en junio fue secuestrado en la Ciudad de México, y cuyo cadáver fue hallado a principios de agosto, emplazó a los funcionarios públicos a que renuncien si no pueden cumplir con su responsabilidad.

Las medidas contra el secuestro contenidas en el acuerdo nacional tienen que ver con la definición a nivel federal y estatal de estrategias de combate a ese delito, creación de dos penales federales y diez estatales, especiales para secuestradores y la ubicación en tiempo real de los teléfonos móviles que se utilizan por las bandas de plagiarios.

También se incluyen medidas para desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate al secuestro, prever reformas penales para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro e impulsar una ley general del delito de secuestro. En este apartado, los medios de comunicación ofrecen evitar la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.


La UEA, orgullo y afrenta

A punto de levantarse en rebelión como lo hicieron los policías ministeriales, los agentes de la Unidad Estatal Antisecuestros se quejan de que esta brigada no le interesa al procurador Luis Cárdenas Fonseca.

Dados de baja unos, otros a punto de renunciar y los más quejándose de las actuales condiciones de trabajo, critican al procurador de un desmantelamiento paulatino de la UEA.

Señalan que algunos han acudido a los tribunales laborales a denunciar los atropellos de que son víctimas en una maniobra del procurador consistente en “limpiar” a la UEA de agentes que entraron en el gobierno de Juan Millán y dejar a los que el procurador considera sus incondicionales.

“Cárdenas Fonseca quiere tener el control absoluto de la UEA y lo peligroso es que desmonta esta unidad cuando el secuestro puede convertirse en el principal problema de seguridad, en materia de crimen organizado”.

De los grupos especiales, el antisecuestros perdió privilegios como ganar hasta 30 mil pesos mensuales, recibir estímulos de hasta 25 mil pesos por cada caso esclarecido, bolsa ilimitada de viáticos para labores de investigación, equipamiento tecnológico de vanguardia.

“Éramos el orgullo de Sinaloa todavía a inicios del gobierno de Jesús Aguilar Padilla, pero hoy nos han convertido en la afrenta del estado. Quieren acabar gradualmente con la UEA”, dicen los policías.

Señalan que por el hecho de haber sido creados en el sexenio de Juan Millán, y debido a que el mandatario presumió a nivel nacional la eficacia de la unidad antisecuestros, el gobierno de Jesús Aguilar ha determinado mantener de bajo perfil al grupo.

“A estas alturas ya no pedimos los beneficios que teníamos hace cuatro años. Lo que queremos es que nos den lo que necesitamos para trabajar; que no quieran que con 300 pesos de viáticos resolvamos un secuestro que requiere semanas enteras de labor de investigación”, apuntan.


Proponen traer a Sinaloa modelo probado en tres estados

Un extraño caso de éxito

Un modelo de seguridad pública desarrollado por Santiago Roel, especialista en prevención de la delincuencia, ha logrado abatir considerablemente los índices de comisión de ilícitos en tres estados del país.

El esquema, considerado ya como una historia de éxito a nivel nacional, fue propuesto al Gobierno de Sinaloa sin que se haya aceptado su implementación.

Santiago Roel es un empresario en los giros de bienes raíces y tecnología y consultor en calidad total y performance management aplicada a gobierno, cambios de sistemas, medición en sistemas complejos, prevención de la delincuencia y ha publicado dos libros sobre estos temas.

En su presentación destaca con énfasis: “No soy policía, no pertenezco a ningún partido, no me interesan los cargos públicos”.

En el caso de Sonora, el plan “Propuesta para la Reducción Radical de la Delincuencia” es implementado desde 2007 y destacan los siguientes resultados:

El delito de homicidios doloso registró una baja del 20 por ciento en el primer año de implementación de la estrategia diseñada por Roel, generalizándose dicha reducción hacia las principales ciudades como Hermosillo, Navojoa, Nogales, Guaymas y Cajeme.

Otro delito abatido es la violación que en 2007 se redujo un 15 por ciento y en 2008 se lleva un 27 por ciento menos, según las mismas estadísticas del gobierno sonorense.

La violencia intrafamiliar obtuvo el año pasado una caída drástica del 48 por ciento y en el actual se ha abatido un 2 por ciento.

Sonora asumió el modelo de Santiago Roel dentro de su Programa Estatal de Prevención del Delito y ha podido disminuir ilícitos como lesiones dolosas en un 19 por ciento en 2008. Los robos a casa habitación han bajado un 22 por ciento, de acuerdo a la estadística más reciente, el robo a negocios se abatió un 12 por ciento y el robo a personas bajó un 31 por ciento. El robo de vehículos tiene en lo que va de este año un descenso del 12 por ciento.

El programa antidelito de Roel igualmente es reconocido en Nuevo León y Tabasco por los resultados favorables en el combate a la delincuencia.

Lo central de dicho modelo consiste en elevar la inteligencia preventiva en todo el sistema de seguridad pública fijándose metas en la reducción de los delitos, las cuales se tienen que cumplir en los plazos y objetivos fijados. De igual forma se integra un movimiento social contra la incidencia delictiva.

Plantea focalizar los delitos de mayor impacto, para no dispersar esfuerzos y publicar la información mes a mes, dando a conocer cómo van las cosas en realidad.

La UEA. El desmantelamiento.