El crimen de Vega. Reinicia la guerra.

>>Fue efímera la tregua; se acaban en Sinaloa 70 días de calma

El pacto de cese al fuego al que habían llegado los cárteles del narcotráfico se rompió: el ingreso de sicarios de los Arellano Félix a Sinaloa, a pesar de la negativa de los capos que operan en la entidad; el regreso de las ejecuciones y de los operativos del Ejército en contra de las operaciones financieras, lo resquebrajó.

Durante febrero, las organizaciones del crimen organizado se reunieron en dos ocasiones. La primera fue en San Quintín, en un restaurante cuyo nombre se desconoce, y la segunda fue en Ensenada, Baja California, en un hotel que lleva por nombre el Estero.

Según las fuentes consultadas por Ríodoce, a estas citas acudieron los representantes de los principales cárteles del narco: de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, de los Arellano Félix, de los Beltrán Leyva y los Carrillo Fuentes.

De las reuniones —una de las cuales se realizó el 18 de febrero—, a la que no asistieron los capos, pero sí representantes plenipotenciarios de todas las organizaciones, salieron disgustados y en medio de una maraña de desencuentros. Uno de ellos, quizá el principal, se originó ante la propuesta de los negociantes del cártel de Tijuana, que pidieron permiso para que un grupo de gatilleros ingresara a Culiacán a realizar “ajustes de cuentas” pendientes.

Los de Sinaloa les dijeron que no: “En todo caso, esperen a que estas personas salgan de Sinaloa o a que haya otras circunstancias, pero mientras tanto no van a entrar”. Esto provocó el disgusto de ambas partes. Pero no un rompimiento.

La colisión, crisis y fractura vino después, de facto. Lo cimbraron los homicidios de destacados operadores de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, como Óscar Vega Lindoro y su hijo de tres años, en un céntrico crucero del sector Humaya, en Culiacán.

A este asesinato siguieron otros no menos cruentos: la cifra de dos ejecuciones diarias que se habían mantenido desde parte de diciembre y durante enero y febrero fueron alteradas por el regreso de la criminalidad impune.

A Óscar Vega la muerte lo siguió desde la aprehensión de Valentín Salazar López, en Baja California, el 19 de febrero pasado. A Salazar, conocido como el Güero, se le acusa del asesinato de dos hermanos de Vega Lindoro, Andrés y Marco Antonio, ocurrido el 26 de diciembre de 2001, en la sierra de Badiraguato.

De acuerdo con fuentes de Ríodoce, Óscar Vega realizaba “gestiones” para que Valentín Salazar fuera trasladado a un penal de Sinaloa, con el fin de cobrarle la muerte de sus hermanos.

Se desgranan los muertos

Una de las jornadas sangrientas en Sinaloa alcanzó ocho ejecuciones y apenas una noche antes un hombre y una mujer, ambos jóvenes, fueron encontrados con huellas de tortura y ultimados a tiros en las inmediaciones de La Costerita.

El 25 de febrero fue ejecutado a balazos Víctor Alejandro Rodríguez López, comandante de la Policía Ministerial, quien estaba adscrito a investigaciones de robos y asaltos a bancos. Testigos informaron a la corporación que los homicidas viajaban en un Tsuru o Sentra color rojo, que también participó, aparentemente, en otros ataques violentos, entre ellos contra el subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, y contra el mismo Vega Lindoro, según versiones de investigadores de la PME.

El escenario se complicó para todos, ante las acciones de efectivos del Ejército Mexicano adscritos al operativo Culiacán-Navolato, que tuvieron como saldo varias personas detenidas, entre ellos algunos sicarios de las organizaciones de Guzmán y Zambada, pero también el aseguramiento de casas de seguridad, armas, cartuchos y, lo más preciado: dinero.

En uno de ellos, en un operativo realizado en Rufino Tamayo 294, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, los militares decomisaron 14 fusiles AK-47, seis AR-15, ocho armas cortas, un lanzacohetes y 14 granadas de fragmentación. Además, una camioneta Suburban color plata, y más de 23 mil cartuchos, la mayoría calibre 7.62, para fusil AK-47, aunque también había calibre .40.

“Informan las autoridades de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato-Guamúchil que por las características del armamento, así como por la ubicación de la casa de seguridad y la información que de ella se obtuvo, se presume que lo asegurado pertenece a la organización delictiva Guzmán Loera-Zambada García, liderada por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, e Ismael Zambada García, el Mayo Zambada”.

En esta misma ola de violencia ocurrió el ataque en contra del teniente coronel Pedro Mario Román Pérez, quien fue herido durante la madrugada del 4 de marzo, en Francisco Villa y Granados, en un céntrico sector de la capital sinaloense.

En Culiacán y sus alrededores, un comando de alrededor de 40 sujetos operan para el cártel de los Arellano Félix y han cometido varios asesinatos que estaban en la lista de pendientes, a pesar de la oposición inicial del dúo Guzmán-Zambada, cuyos sicarios han respondido con otras ejecuciones.

Los problemas de violencia, agregó la fuente, volverán a los niveles alcanzados de mayo a noviembre del año pasado, y con ello la sicosis. No es para menos: algunos de estos meses alcanzaron hasta 140 y 160 asesinatos. En los primeros días de marzo, además, llegaron a Culiacán alrededor de 250 efectivos del Ejército Mexicano, procedentes, aparentemente, de bases de Jalisco.

El acuerdo del cese al fuego fue alcanzado luego de un encuentro entre representantes de los principales capos del narcotráfico en Culiacán, a mediados de diciembre. Días después hubo un segundo encuentro, en Altata, Navolato.

Fuentes de Ríodoce señalaron que de las reuniones fueron enterados la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen). Además, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un acta circunstanciada por la información que sobre la tregua publicó este semanario, en el mes de enero.

El acta AC/PGR/SIN/CLN/027/09-M-AR originó requerimientos de información de la PGR al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al semanario Ríodoce.

Sin embargo, dice la propia PGR, “hasta ahora no hay elemento de convicción alguno” que haga presumir que tal reunión tuvo efecto.