Calderón. Se busca un estadista.

Es duro reconocerlo pero la posibilidad de que el Gobierno tenga éxito contra la violencia se aleja cada vez más. A nivel federal, el Gabinete de Seguridad ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo porque cada titular de dependencia tiene su propio juego y sus intereses. Y en los estados, ni los gobernadores ni los presidentes municipales tienen con qué enfrentar a la delincuencia. Las policías locales, han pasado a convertirse en blanco del fuego criminal de los cárteles de la droga y los gobernantes más bien están sujetos a lo que la Federación pueda hacer, que como ya se ha visto, es casi nada.

Hay muchas razones para pensar que la corrupción es uno de los grandes obstáculos para que la lucha contra la delincuencia organizada tenga éxito. Y también para creer, con antecedentes documentados, que ésta llega hasta los más altos niveles del Gobierno.

Por eso es poca la esperanza, o casi nula. Y si alguien pensaba que el presidente Felipe Calderón era el único que podía poner orden en la casa, tendrá que desilusionarse. Calderón ni siquiera ha querido voltear a sus costados para cuestionar qué está pasando, por qué los operativos no están dando buenos resultados y qué ha pasado con las estrategias que tanto se presumieron.

En estos 20 meses Calderón no ha parado de decir que el Gobierno está comprometido con la sociedad en la lucha contra la delincuencia; llama todos los días a no dar marcha atrás, pero es evidente que su discurso no está convenciendo a la sociedad y que, por el contrario, le está resultando tan contraproducente como sus acciones en la materia.

la Presidencia. Más hablándose del tema de la seguridad.

Lo que hace falta en México son políticas de Estado contra el crimen organizado, precisamente por la complejidad del tema y por la magnitud del problema que representa sobre todo el narcotráfico. Pero Calderón parece no entenderlo y ha hecho del tema de la seguridad una bandera política. Lo demostró cuando ocurrió la tragedia en el antro New’s Divine y enderezó una campaña de desprestigio contra el gobierno perredista del Distrito Federal, sobre todo a través de los medios electrónicos, bajo la falacia de que su gobierno no criminalizaba a los jóvenes.

Un segundo hecho, éste ligado a la delincuencia organizada, confirmaría la visión de Felipe Calderón respecto al tema de la seguridad. Ante el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, miembro de una familia acaudalada del Distrito Federal, Calderón lanzó una andanada mediática para condenar la corrupción policiaca y días más tarde envió una iniciativa al Congreso de la Unión para aumentar las penas a algunos delitos, entre ellos el secuestro. El objetivo claro de Calderón fue desde un principio no debilitar a la delincuencia, sino golpear la imagen del Gobierno del Distrito Federal y de su titular, Marcelo Ebrard.

Esto se confirmó con la reacción del presidente ante la iniciativa de Ebrard de convocar a una cumbre de Seguridad, en la cual participarían autoridades federales, estatales y capitalinas, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo.

No terminaba el jefe de Gobierno de anunciar su iniciativa, cuando Calderón, durante una gira de trabajo por Chilchotla, Puebla, dijo: “Como Presidente de la República manifiesto la expresa voluntad de mi gobierno de apoyar a la ciudadanía, a escuchar sus justos reclamos y a redoblar el esfuerzo para derrotar a la delincuencia en el país, independientemente de a quién competa la tarea de seguridad”. Y reiteró su deseo de reunirse “sin objeciones” con las distintas autoridades estatales y con la sociedad civil para responder a las demandas de la ciudadanía en torno a su seguridad. Es decir, que en lugar de asumir el papel que debiera corresponderle como estadista o como líder de una nación que clama seguridad y paz en las calles y en las familias, el presidente actúa como un candidato en campaña, reaccionando a las estrategias de su contendiente.

Ni siquiera Marcelo Ebrard tendría justificación si su intención fuese hacer campaña desde ahora con este tema tan sensible para la ciudadanía. Pero que el Presidente de la República, en quien recae principalmente la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos, politice y hasta partidice sus políticas de seguridad, significa que no ha comprendido aún la magnitud del problema que enfrenta, pero tampoco el tamaño de su responsabilidad al frente del país.

Y peor sería pensar que, antes de cumplir dos años en el cargo, Calderón empiece a afoxarse, (con eso de que el presidente del PAN pretende guanajuatizar al país), y esté pensando desde ahora limpiarle el camino a otro panista.

la Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra. Y esto le está ganando también la animadversión de sectores de la sociedad que tradicionalmente habían estado con los gobiernos. Pocos gobiernos habían pasado por Sinaloa con tan bajos niveles de popularidad y con tan poca fuerza política. Lo cual es también un aliciente para el crimen y un campo fértil para la impunidad.