Sin revisión y por mayoría

Celia Cortés. CULIACÁN, 28 de julio de 2008.- La consigna era que hubiese Ley sobre Cultura en Sinaloa, sin revisión de contenidos. De ya. De boca de varios diputados se oyó que la Ley de Cultura no era perfecta, que había que promulgarla en lo general como un requisito a cumplir, que después se iría perfeccionando.

La Ley de Cultura es necesaria, en eso todos estuvieron de acuerdo; pero muchos ciudadanos consideraron que la consulta a especialistas y públicos no había sido extensa, ni apta para reflexionar. Se pretendía una ley que realmente garantice la equidad, tolerancia e inclusión; que no invada otros ámbitos de gobierno y que sea la esperanza para revertir el ambiente de violencia a través de diversas opciones culturales.

Por mayoría, con sólo dos votos en contra se aprobó en lo general la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa este jueves 24 de julio, al filo de la una de la tarde, bajo el escrutinio de empleados y funcionarios de Difocur, quienes esperaron la votación a pesar de estar de vacaciones. Estas personas también estuvieron presentes en Culiacán y Mazatlán, cuando el Congreso invitó a unos cuantos realizadores culturales y artísticos para escuchar su parecer respecto a la Ley.

El martes 24 de junio, por invitación asistieron unos cuantos realizadores a una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y la Comisión de Educación Pública y Cultura. En esta ocasión, con la presencia también de funcionarios de Difocur, los diputados se quejaron de no haber recibido la información vertida en los famosos foros de consulta que se realizaron durante el sexenio anterior.

Después, el Foro de Consulta en Mazatlán casi no tuvo difusión, unos cuantos fueron invitados telefónicamente dos días antes. Representantes de la zona norte del estado no pudieron participar. Unas cuantas personas de Culiacán llegaron para encontrarse de nuevo a los funcionarios de Difocur junto a los legisladores para ser escuchados.

Esta semana, los priístas votaron en bloque, evitaron la revisión en lo particular de la propuesta del dictamen de la Ley de Cultura a pesar de las lagunas y sometidos al poder ejecutivo: con ausencia real del gobernador, pero con insistente presencia de los funcionarios del área cultural que indicaba convenirles alterar lo menos posible la redacción de dicha iniciativa de ley y desesperados por la creación del Instituto Sinaloense de Cultura como condición del gobierno federal para recibir más apoyos directos de Conaculta.

Fueron 35 votos a favor y 2 en contra: Catalina Frank del PAN y Graciela Domínguez Nava del PRD indicaban que no estaba lo suficientemente revisada la iniciativa aún y no había base suficiente para votar en dicha sesión.

Unas cuantas personalidades del arte no relacionados con el ámbito oficial estuvieron presentes en el recinto del Congreso, a la espera de lo que se veía venir desde febrero.

Si fueron escuchados unos cuantos creadores, académicos, promotores y otros interesados en el ámbito de arte y cultura, en el dictamen entregado el martes 22 de julio fue escaso el reflejo de lo vertido por los ciudadanos en las reuniones de consulta; las pequeñas reformas que hicieron las comisiones legislativas a la iniciativa de Ley todavía dejaba más ambiguo el tema.

Tras la votación en lo general de la Ley de Cultura, se reservaron algunos artículos por diputados del PRD y el PAN para su discusión y voto, para lo cual se marcó un receso “indeterminado”.

Alrededor de las 4 de la tarde regresaron los diputados a sus curules a votar sobre si era pertinente discutir los detalles de los artículos reservados para su revisión. De nuevo la aplanadora votó por mayoría por un NO a la revisión y discusión de casi todas las propuestas, cuando por tecnicismos dichas propuestas pasaban los escollos.

Sólo hubo los cambios siguientes: tanto en el Consejo como en la Junta Directiva del instituto de cultura en vez de estar un solo representante del Congreso local, se votó a favor de que hubiera un representante de cada fracción parlamentaria. Por otro lado, a los municipios se les restó facultades en el área cultura.

Antropólogos, sociólogos, artistas, promotores y públicos diversos, al platicar entre sí durante este periodo a partir del anuncio del “relanzamiento de la política cultural” entregaron sus opiniones a los legisladores donde planteaban que en la iniciativa de ley no existe una definición de lo que es la política cultural del Estado, por lo que es preocupación de creadores y promotores de nuevo un peregrinar por haber padecido los cambios de brújula cultural.

Cambian, dicen, totalmente las directrices cada vez que la cabeza del área cultural es removida, y estos cambios obedecen a preferencias artísticas, políticas y de compromisos sociales o comerciales. Se busca de continuo que haya una política incluyente de las expresiones de grupos que no son promovidos por su lejanía territorial, su extracción social o su situación económica.

La Ley habla de sancionar la discriminación, pero no aporta mecanismos para incluir equitativamente las expresiones emergentes y olvidadas en el programa de apoyos a la cultura por parte del gobierno.

La Ley ya votada, otorga atribuciones muy amplias y sin restricciones al director general del Instituto Sinaloense de Cultura, a la Junta Directiva y al Consejo sin garantías para los ciudadanos comunes.