Ejército, PGR y Antisecuestros indagan vida y nexos del Chapo Beltrán.

>>De presunto secuestrador a protegido de la PGJE

A baja velocidad, la X-Trail Blazer tinto, con cuatro tipos armados portando fusiles automáticos AK-47, vestidos de negro de los pies a la cabeza, bajó por el bulevar Justicia Social, en el fraccionamiento Jardines del Bosque, pues su objetivo se encontraba casi frente a ellos: Joaquín el Chapo Beltrán Rubio.

Cuando el autonombrado ganadero y agricultor detectó la unidad y vio como el comando de encapuchados descendía y montaban cartucho a sus fusiles de repetición solo alcanzó a gritar a su mujer, a su concubina, Olga Valenzuela: “¡Ya nos llevó la chingada; nos cayó la ley!”.

Las armas vomitaron una lluvia de balas que se despedazaron al chocar contra la carrocería de una Jeep Cherokee, verde con placas VKC 1321 que abordaba el agricultor y ganadero. Algunos trozos de los proyectiles le fracturaron el codo izquierdo, se le hundieron en la carne de la axila derecha y en el tórax, pero ningún pedazo de cobre o plomo le lesionó órganos vitales. El Chapo Beltrán había sobrevivido al atentado cuando inusualmente el comando dejó de dispararle al observar correr a la mujer rumbo a la casa.

Joaquín Beltrán junior, su hijo, lo había internado en el Hospital Fátima desde el día del ataque: 2 de diciembre del 2008, según el parte informativo número 64016 de la Policía Municipal. Unos 10 días después del atentado, el baleado salió de la cámara hiperbárica y exigió su alta inmediata, responsabilizándose a sí mismo de las futuras consecuencias a su salud. A las 12:00 horas del 12 de diciembre abandonó el nosocomio sin que nadie se enterara, pese a que contaba con protección de la Policía Municipal por petición de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Norte, de acuerdo con los oficios Z.N. 258/2008 y Z.N. 259/2008 expedidos el 3 de diciembre y 11 de diciembre, respectivamente, enviados a la corporación preventiva. Al día siguiente, una mujer pagó la cuenta del hospital.

Durante su convalecencia y en su declaración oficial ante el agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, Marcial Pompa Guillen, dentro de la averiguación previa 360/2008, el baleado guardó un hermético silencio. Fue reacio a revelar pormenores de los hechos así como sus antecedentes familiares y solo respondió que de los acontecimientos no recuerda exactamente lo que ocurrió y que no identifica a sus agresores. Pero aclaró que el atentado fue en los momentos en que salía a Juan José Ríos a pagar a unos trabajadores.

La cerrazón del baleado para hablar de los hechos intriga a los fiscales y en consecuencia remiten un duplicado de las actuaciones a la PGR para que ahonde en los hechos debido a que esta es la instancia que debe investigar la utilización de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en el atentado.

Pero no son todas las investigaciones que la PGR ha iniciado entorno a los acontecimientos pues la rápida salida de Joaquín el Chapo Beltrán Rubio del hospital es coincidente con el hallazgo de cuatro rifles AK-47, 19 cargadores, dos de ellos de disco, tres pecheras, esposas y una lámpara sorda en una camioneta Yukon verde, modelo 1996, sin placas pero con permiso provisional para circular a nombre de Juan Cervantes Valdez, quien vive en Batequis número 697, en Juan José Ríos.

Las armas de fuego y la camioneta fueron localizadas por la Policía Federal Preventiva el 11 de diciembre alrededor de las 10:00 horas en la calle Rodolfo T. Loaiza entre Javier Mina y Vicente Guerrero, por una llamada anónima que los alertaba de hombres armados a bordo. La Yukon estaba estacionada justo frente a la entrada de urgencias del Hospital Fátima, en donde tradicionalmente se colocaba el resguardo policial.

Dos de los rifles de asalto estaban recargados sobre los respaldos de los asientos delanteros, a manera de estar disponibles en caso necesario. Los otros dos estaban sobre los asientos traseros. Los rifles se observaban desde los cristales pues estos no estaban polarizados.

Por el turnamiento de las armas a la PGR, la subdelegación C de Procedimientos Penales inició la averiguación previa 534/2008. Las armas fueron entregadas al Ejército y la camioneta, semidesmantelada, fue depositada en la pensión federal.

La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) fue exigida para que ahonde las investigaciones en torno a la procedencia de los cuatro fusiles automáticos y de la probable relación con el caso Joaquín el Chapo Beltrán Rubio. Sin embargo, el comandante de la plaza, Jesús Guajardo no ha contestado uno solo de los oficios que se le han remitido. A lo más, responde con frases evasivas pero no mediante el documento oficial que debe remitir a la representación social. La investigación detenida por la subsede de la Agencia Federal de Investigaciones llama a la sospecha ya que no hay avance mínimo.

La falta de interés de la AFI de la plaza contrasta con el que la Unidad de Inteligencia Militar mantiene en el asunto de los cuatro rifles de asalto AK-47. Desde que el caso ocurrió hasta la integración de la averiguación previa y el desinterés de la AFI, el Ejército se ha mantenido expectante, señalan informes internos de la propia PGR.

Otra fuente de la misma dependencia citó que cuando Joaquín el Chapo Beltrán Rubio fue baleado, se ordenó una investigación de sus antecedentes en delitos federales pues sobre este hay varias hipótesis de sus actividades reales. Sin embargo, los archivos no arrojaron cuentas pendientes con la justicia de Sinaloa.

La Unidad Especializada Antisecuestros acantonada en la zona norte confirmó que tras conocerse los hechos de sangre, los agentes se movilizaron pues sabían de los antecedentes de secuestro del baleado. Pero las investigaciones no encontraron antecedentes pendientes de ejecución. Sin embargo, las sospechas se centraron en sus actividades debido a que la semana anterior se había negociado un rescate de una mujer en Estación Don, Sonora, en donde presuntamente el baleado tiene alguna relación afectiva.

Desde cuándo. El nombre y apodo de Joaquín el Chapo Beltrán Rubio comenzaron a mencionarse en los grupos antisecuestros a finales de los años noventa, cuando los raptos por dinero eran los objetivos de las bandas de delincuentes originarios de Sinaloa municipio. Presuntamente herederos de una estirpe delictiva que nació con el ahora desaparecido Miguel Ángel Beltrán Lugo, el Ceja güera y que continuó con José María Serrano Villa, el Chemalía; además del Chapo Beltrán se mencionaba como supuestos jefes operativos de la banda de Los Mochadedos a Rosario Guerrero Lugo, el Chayón o el Chayo brisas y a Heriberto Beltrán Medina, el Chuluy, de San Blas.

De acuerdo con los expedientes de entonces, la banda de Los Mochadedos fue fundada por José Alonso Ávila Palafox, el Loncho, residente de Juan José Ríos y quien en noviembre de 1999 murió en un enfrentamiento con la Policía Judicial del Estado junto con su hermano Héctor Ávila Palafox cuando negociaba el rescate de dos millones de pesos por la vida de Ana Romina Aguirre Inzunza, secuestrada en esta ciudad.

En un comunicado oficial del Grupo Especial Antisecuestros de Sinaloa fechado el 25 de marzo de 1998 se alertaba sobre la existencia de un grupo armado de ocho personas que desde la serranía de Sinaloa de Leyva había venido concretando secuestros en los estados de Sonora, Chihuahua, Nayarit, Baja California y Zacatecas.

Entre los secuestros que se les achacan figuran el de Vicente Fernandez junior, hijo del cantante ranchero del mismo nombre, Julio Ángel Cuellar, el padre de los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel, músicos fundadores de la agrupación musical conocida como Los Temerarios, y los empresarios originarios de Sonora, Juan Robinson Bours y Roberto Valenzuela González (110/95); el industrial de Jalisco Federico del Toro, Jorge Velasco Villanueva, Sergio Zambrano Villa, Javir Corona Anzures (5985/95), Luis Alberto Aguayo, sobrino del luchador el Perro Aguayo; el hotelero de Nuevo León, Arturo Calderón Flores y el representante de la Sanyo en Tijuana, Mammuoro Kono.